viernes 15/1/21

La armonización fiscal pone la lupa sobre la “disparidad” de impuestos

Los economistas apuestan por empezar por actualización del sistema de financiación
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (d) y la ministra de Economía, Nadia Calviño (i) | AEC
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (d) y la ministra de Economía, Nadia Calviño (i) | AEC

La reapertura del debate sobre la armonización fiscal devolvió a la actualidad la disparidad que existe entre los tributos que se pagan en cada región, un asunto controvertido que toca las competencias autonómicas y entronca con la reforma del sistema de financiación pendiente desde 2014.

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, explica en declaraciones a EFE que lo primero sería abordar la actualización del sistema de financiación autonómica, lo que permitiría desarrollar unas “reglas de juego” claras en las que fomentar la competencia fiscal.

En su opinión, esta transparencia es clave para que los contribuyentes –personas y empresas– tomen sus decisiones ante las distintas opciones “ideológicas” de la política fiscal autonómica.

En ese mismo sentido se pronuncia la presidenta de Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Stella Raventós, que defiende que cada comunidad autónoma tiene libertad para aplicar sus competencias en materia fiscal “y no se pueden quejar de que otros hagan lo contrario”.

Una armonización fiscal pasaría, a su juicio, por una modificación de estas competencias, lo que requeriría un debate profundo que incluyera la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas.

El acuerdo alcanzado esta semana entre ERC y el Gobierno para avanzar en la armonización no se ha concretado, aunque algunas iniciativas en ese sentido apuntan al establecimiento de tipos máximos o mínimos para impuestos como los de patrimonio o sucesiones y donaciones en las comunidades del régimen común –todas salvo el País Vasco y Navarra, con haciendas propias–.

El pacto nace de un enfrentamiento antiguo, ya que a lo largo de los últimos años varias comunidades autónomas, no solo Cataluña, acusaron a Madrid de aprovechar la capitalidad –que le permite contar con contribuyentes de alto poder adquisitivo y la sede de grandes empresas– para hacer “dumping” o competencia desleal en materia fiscal.

Al margen de Madrid y Cataluña, la reapertura del conflicto desató posiciones diversas en las regiones, desde el apoyo de las socialistas Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha al rechazo tibio de las populares Castilla y León o Galicia, que considera que la armonización “no es mala”.

El propio presidente, Pedro Sánchez, defendió que la armonización fiscal “se tiene que producir en determinados impuestos” para garantizar “la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan”.

La comparación de los impuestos autonómicos es compleja, ya que hay una gran disparidad de tramos, tipos, exenciones o bonificaciones, aunque el “Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2020” del Consejo de Economistas ofrece algunas pistas.

El impuesto de patrimonio, que solo pagan los contribuyentes con un patrimonio de más de un millón, tiene en términos generales un mínimo exento de 700.000 euros salvo en Aragón (400.000 euros), Cataluña y Extremadura (500.000 euros) y Comunidad Valenciana (600.000 euros).

Aunque los tipos son similares en todas las comunidades -varía entre el 2,5 % de la mayoría y el 3,75 % de Extremadura, en Madrid  se bonifica al 100%, por lo que nadie lo paga, y La Rioja, al 75%.

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