La Fiscalía Anticorrupción acusa a la cúpula del PP de la Comunitat Valenciana entre 2007 y 2008 de varios delitos electorales y de falsedad documental durante los comicios autonómicos, locales y generales de esos años, y pide para cuatro de sus responsables penas que suman siete años y nueve meses de cárcel.
El escrito de acusación de la Fiscalía, hecho público ayer, se presenta ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre las piezas 1, 2 y 6 del caso Gurtel, relacionadas con la supuesta financiación irregular del Partido Popular valenciano.
La Fiscalía considera a Ricardo Costa (entonces secretario general del PPCV), Vicente Rambla (exvicepresidente del Gobierno valenciano), David Serra (exvicesecretario del PPCV) y Cristina Ibáñez (exgerente del PPCV) autores de tres delitos electorales (en las autonómicas y las municipales de 2007 y las generales de 2008) y de uno de falsedad documental.
El fiscal pide la apertura de juicio oral, además, contra los cabecillas o trabajadores de la trama Gurtel.
La acusación pública afirma en su escrito que la expansión del Grupo Correa a Valencia entre 2003 y 2005 “tenía como finalidad aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política en aquella comunidad, con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la adjudicación de contratos en actos del partido, de la Administración o entidades dependientes”.
“Una parte del gasto comprometido por los acusados vinculados al PPCV fue financiado por empresas directamente a Orange Market”, dice el fiscal.