Andorra se queja a Exteriores de que Cataluña la equipare a un paraíso fiscal

El Gobierno de Andorra presentó una queja formal a España para protestar por las resoluciones que el Parlamento catalán ha aprobado recientemente y que equiparan al Principado con un paraíso fiscal.
El Ministerio andorrano de Asuntos Exteriores remitió este jueves a su homólogo español una nota verbal –el escrito oficial más habitual en diplomacia– para dejar constancia de este malestar respecto de los textos apoyados por el Parlamento a iniciativa del partido antisistema de la CUP, que facilitó la investidura de Carles Puigdemont.
En el escrito, el Gobierno andorrano “lamenta” las referencias que se hacen a Andorra en dos resoluciones aprobadas por el Parlament en octubre pasado, pues entiende que “no reflejan la situación actual del Principado respecto de sus compromisos con la comunidad internacional en favor de la transparencia fiscal internacional” y con España.
Una portavoz del Ministerio español de Asuntos Exteriores confirmó que España “no considera al Principado de Andorra paraíso fiscal, a los efectos internos e internacionales procedentes”. Esto es así en virtud de dos acuerdos bilaterales “ratificados y actualmente en vigor” como son el acuerdo de intercambio de información en materia fiscal suscrito entre España y Andorra el 10 de enero de 2010 y el convenio para evitar la doble imposición, firmado en enero de 2015. Pero también por los compromisos adquiridos por Andorra con los convenios suscritos con la UE y en el marco de la OCDE, explicó la portavoz.
Las dos resoluciones del Parlament que fueron motivo de discordia hacen referencia también al Principado de Mónaco, que sí permanece en la lista española de paraísos fiscales. Uno de los textos aprobados por la Cámara catalana obliga al Parlament a “prohibir la entrega de galardones y distinciones deportivas y culturales a personas que lleven a cabo la mayor parte de su actividad en Cataluña pero que tengan su domicilio fiscal en países considerados paraísos fiscales por la Unión Europea, en Andorra o en Mónaco”.
La segunda resolución insta a la Generalitat a “promover la introducción de un mecanismo para exigir a los licitadores, a los adjudicatarios y a los subcontratistas que cumplan rigurosamente la legislación tributaria en países que no tienen normas sobre control de capitales y que son considerados paraísos fiscales por la Union Europea”.