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jueves | 18 abril | 2024
Cuatro de los nueve detenidos en la denominada "Operación Yogui", que investiga un presunto fraude en las obras de construcción de la línea del AVE Barcelona-Madrid, han quedado en libertad tras declarar ante la Guardia Civil.
Según han informado a Efe fuentes de este cuerpo, dos de los liberados fueron detenidos en Barcelona y otros dos en Madrid, mientras que esperan que los otros cinco arrestados pasen mañana a disposición judicial.
Los investigadores dedicarán todo el día de hoy a analizar la documentación recogida en los registros llevados a cabo durante el día de ayer y la madrugada de hoy.
El registro de la sede de Adif en Barcelona situada en la estación de La Sagrera ha concluido pasadas las 05.00 de esta mañana, tras casi 24 horas desde que agentes de la Guardia Civil entraran en estas dependencias a la búsqueda de documentación relacionada con una presunta trama de corrupción en la construcción del AVE.
Un portavoz de la Guardia Civil ha informado de que la operación, que parte de una querella de la Fiscalía Anticorrupción de enero para averiguar si directivos de la contratista Corsan se concertaron con altos funcionarios del gestor de infraestructuras Adif, que se encargaban de las obras, para beneficiar económicamente a la sociedad en perjuicio de los fondos públicos, sigue abierta.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que algunos de los detenidos -cinco en Madrid y cuatro en Barcelona- alteraron de forma repetida las mediciones técnicas de los trabajos de las obras, falsearon después las certificaciones oficiales de la obra ejecutada y camuflaron el desvío en la certificación final para dar justificación aparente a más trabajos de los que realmente habían efectuado.
Con este mecanismo, Anticorrupción estima que los detenidos generaron un sobreprecio ilícito en beneficio de la contratista Corsan Corviam, ahora integrada en Isolux Corsan, de unos 6 millones de euros.
En la operación se han practicado hasta el momento once registros, seis en distintas sedes de la empresa Corsan y de Adif en Barcelona y Madrid, así como en cinco domicilios particulares de los principales implicados.
