9º-15º
miércoles | 24 abril | 2024
La Policía ha detenido a 23 personas en Las Palmas de Gran Canaria al desarticular un entramado que se dedicaba a facilitar falsos contratos de trabajo a inmigrantes para regularizar su situación en España e, incluso, para que accedieran al cobro de las prestaciones por desempleo.
Los contratos se emitían a través de una pequeña empresa de construcción y reformas que no ejercía actividad alguna, pero que había dado de alta en el último año a casi 250 empleados, provocando un fraude a la Seguridad Social de 653.429 euros por cuotas impagadas y otro de 183.504 euros en forma de subvenciones a la contratación de trabajadores indebidamente cobrabas.
Entre los detenidos, figura el empresario propietario de esa sociedad, J.G.M.A., y un abogado especializado en cuestiones de extranjería, M.Á.G.T., según ha informado hoy la Jefatura Superior de Policía de Canarias, en un comunicado.
El empresario, el letrado y otra de las detenidas, la secretaria D.M.R.D., están acusados de aprovecharse de que podían utilizar el sistema informático "Red" de la Seguridad Social para dar de alta de forma fraudulenta a trabajadores, en su mayoría ciudadanos extranjeros de origen magrebí y latinoamericano.
La empresa utilizada para ello facilitaba a estas personas un contrato que servía para renovar los permisos de residencia en España o incluso para solicitar una reagrupación familiar, pero también para fingir el período de cotización exigido para conseguir el derecho a cobrar una prestación por desempleo.
Este último "servicio" también era utilizado tanto por ciudadanos españoles, como por inmigrantes en situación legal en el país.
La Policía asegura que cada cliente abonaba inicialmente 400 euros por su contrato, de los que 100 euros correspondían al abogado/gestor y 300 al empresario, que a su vez pagaba comisiones a una decena de intermediarios que le ayudaban a conseguir personas interesadas en participar en esta operativa.
Después, el trabajador "contratado" por este procedimiento tenía que pagar 200 euros por cada mes que permaneciera dada de alta en la Seguridad Social y entre 30 y 50 euros por cada documento que se le emitía para sus diversas gestiones con las autoridades, como una nómina, un certificado o un reconocimiento de alta.
Si el extranjero pretendía aparentar que contaba con los permisos y la solvencia económica necesaria para conseguir que sus parientes entraran en España acogiéndose a una reagrupación familiar, la tarifa ascendía a unos 1.000 euros, añade la Policía.
La Jefatura Superior de Canarias destaca que la actividad de este entramado era tal, que cuando registró en el barrio de Guanarteme el despacho del letrado detenido, se personaron en él una decena de extranjeros dispuestos a contratar este servicio y convertirse así en trabajadores de la empresa investigada.
De los 23 detenidos, seis son ciudadanos españoles, doce marroquíes, cuatro colombianos y uno brasileño.
Esta operación, denominada "Tormenta", está supervisada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha ordenado el ingreso en prisión preventiva del empresario arrestado.
La Policía precisa que se esperan nuevas detenciones y también actuaciones sancionadoras por parte de la Inspección Provincial de Trabajo y del Servicio Estatal de Empleo.
