Varios documentos demuestran que las tarjetas black no eran solo para gastos de representación

La defensa de dos acusados en el juicio de las tarjetas black solicitó al tribunal de la Audiencia Nacional que incluya como prueba dos documentos que según su opinión acreditarían que las tarjetas entregadas a consejeros de Caja Madrid durante la presidencia de Jaime Terceiro (1988-1996) no solo tendrían como finalidad cubrir sus gastos de representación, sino que también podrían ser utilizadas “en concepto de compensación por el ejercicio de su función”.
El abogado incluye los documentos en un escrito aportado a la Sala, y que trata de contradecir lo expuesto ante el tribunal por Terceiro en calidad de testigo de que los plásticos nacidos en base a un acuerdo del consejo de administración de 1988 eran “exclusivamente” para gastos de representación y de que estos no se otorgaban con el número PIN para proceder a la retirada de efectivo del cajero.
La defensa de los exconsejeros Jesús Pedroche y Alberto Recarte, a los que se les atribuye junto a otros 63 beneficiarios de las tarjetas un delito continuado de apropiación indebida y administración desleal, pide al tribunal que acepte ambos documentos como prueba al considerarlos “imprescindibles” para hacer una “correcta valoración” de la declaración de Terceiro, quien afirmó que las visas formaban parte de un circuito “muy controlado” y que por tanto no podían ser entendidas como parte de la remuneración.
Según reza al escrito entregado al tribunal, los documentos despejan “cualquier duda sobre cuáles eran las instrucciones que recibían los consejeros” cuando se les entregaba la tarjeta y especifica que en el contenido de los mismos se habla de un número PIN que se facilita a los usuarios para la retirada de efectivo en el cajero.
El contenido de las misivas pondría de relieve lo expuesto por la mayoría de encausados en su declaración ante el tribunal de que las tarjetas las entregaban desde la secretaría general de la caja extinta (cuyos responsables fueron Ángel Montero –fallecido en el año 2000– y su sucesor Enrique de la Torre) y que tenían un límite de gasto.
Sin embargo, los 65 acusados discreparon en sus declaraciones sobre las condiciones de utilización de los plásticos, ya que mientras algunos argumentaron que era para representación de su actividad en la caja, otros expusieron que era un complemento salarial.
También hubo versiones contrapuestas sobre si tuvieron o no que reembolsar cantidad alguna a su salida de la caja y sobre la fiscalidad de los plásticos.