La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que su departamento y los sindicatos alcanzaron un acuerdo para desplegar el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido como el Estatuto del Becario.
“Por fin tenemos acuerdos con sindicatos para ya no tener más falsos becarios y tener el estatuto que se merece nuestro país”, proclamó durante una declaración tras el acuerdo de Sumar.
Sin el acuerdo de la CEOE
Tras mas de un año de negociaciones, el acuerdo de la norma que pretende regular las condiciones laborales de los estudiantes en prácticas se alcanzó sin el apoyo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Fuentes de CCOO indicaron que el documento que se pretende aprobar como real decreto en el Consejo, no eliminará las prácticas extracurriculares.
Por su parte, UGT indicó que la norma recogerá “gran parte” de las demandas sindicales como son la definición clara de las prácticas para evitar fraudes, la compensación de gastos o el establecimiento de un régimen sancionador disuasorio.
La patronal rechazó la forma del acuerdo porque “no es apropiada la aprobación de esta norma en un periodo de disolución de las Cámaras ni concurre la urgente y extraordinaria necesidad”, y no lo apoya “por el fondo”.
A su juicio, el conocido como Estatuto del Becario “limita tanto el número de horas e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado, algo imprescindible para garantizar su empleabilidad y para tender puentes entre la formación teórica y el mundo del trabajo”.
Por su parte, la red de Fundaciones Universidad Empresa (RedFue). estimó que más de un millón de estudiantes universitarios y de formación profesional (650.000 de la Universidad y 500.000 de FP) podrían quedarse sin poder realizar prácticas y no podrán finalizar sus estudios, si entrara en vigor el Estatuto del Becario.
Esta organización, vinculada institucionalmente a través de sus miembros a 43 Universidades españolas y más de 15.000 empresas, se opuso “frontalmente” ayer a la legislación sobre esta materia que quiere aprobar el Ministerio de Trabajo, “sin el apoyo de la comunidad educativa ni de los empresarios”.
Otros actores relevantes de la comunidad educativa como los Ministerios de Universidades y de Educación, la Conferencia de Rectores, la de Consejos Sociales y el Consejo de Estudiantes “también mostraron su rechazo al texto y lamentan que ni siquiera se haya podido debatir”.
De aprobarse la normativa anunciada por el Ministerio de Trabajo, 83 Universidades y 3.823 centros de formación profesional no podrán cumplir con su plan de estudios, lamentó la RedFue en un comunicado.
