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miércoles | 24 abril | 2024
La patronal del gas, Sedigas, estima en unos 500 millones de euros el impacto que tendrá este año el llamado céntimo verde, el impuesto creado por el Gobierno que grava el consumo de gas natural, sobre los clientes del sistema gasista.
En una entrevista concedida a Efe, el presidente de Sedigas, Antoni Peris, que ha pedido la eliminación de la tarifa de último recurso en el gas tal como está concebida, ha asegurado que estos 500 millones son la aportación del sector del gas a la reducción del déficit de tarifa eléctrico.
Peris ha comentado que el sector del gas "no debería contribuir a arreglar" un déficit del que no es responsable, y ha recordado que el céntimo verde repercute sobre los grandes consumidores industriales (que pagan el tipo reducido, de 0,15 euros por gigajulio), y también sobre los clientes domésticos y comerciales, entre otros, que pagan el tipo general, de 0,65 euros por gigajulio.
Y es que este impuesto "encarece la energía" y afecta a la competitividad del gas, ha asegurado Peris, que ha alertado asimismo sobre la situación de los ciclos combinados en España.
Peris ha pedido establecer un "mínimo" grado de utilización para estas instalaciones que transforman la energía térmica del gas natural en electricidad.
Los casi sesenta ciclos combinados que hay en España tuvieron el año pasado un grado de utilización medio del 19 %, y en abril de este año funcionaron solo a un nivel de entre un 8 o un 9 % de su capacidad.
Peris ha asegurado que parecería "lógico" que se fijara un mínimo grado de funcionamiento para estas instalaciones, porque este tipo de infraestructuras gasistas son fruto "de la planificación" del Gobierno y "una vez hechas se tienen que pagar", ha dicho.
En este sentido, ha remarcado que debe asegurarse que los ciclos combinados puedan garantizar el suministro eléctrico cuando "no haya viento o sol".
Por ello, Peris considera que la nueva reforma energética que prepara el Gobierno debería tener en cuenta "el impacto sobre el sector gasista" de las decisiones que se han tomado para atajar el déficit eléctrico.
Por otra parte, Peris ha opinado que la tarifa de último recurso en el gas natural, la mayoritaria entre los ciudadanos, debería "eliminarse" y sustituirse por una "libre", que permitiera recoger los "costes reales" del sistema.
Peris ha argumentado que hay una "competencia real" en el sector del gas, y que por ello la eliminación de la TUR "no tendría que tener ningún impacto" sobre el precio final que paga el consumidor doméstico.
Por otra parte, el sector gasista mantiene conversaciones con el Gobierno para que se le permita expandir los usos del gas natural en sectores como el transporte -como combustible para grandes buques, por ejemplo- o bien en instalaciones como las calderas, como alternativa a las de gasoil.
En cuanto al déficit de tarifa gasista, la diferencia entre los costes y los ingresos del sistema, ha asegurado que es meramente "coyuntural" y supuso 310 millones el año pasado.
Respecto a la demanda de gas natural por parte del mercado convencional, formado por la industria y el sector doméstico y comercial, espera que acabe el año con un 2 % de crecimiento.
La patronal gasista Sedigas, con sede en Barcelona, cuenta con más de 150 socios entre los que se encuentran todas las empresas energéticas que operan en España.
