Viernes 15.02.2019

El Santander hereda la imputación del Popular por su quiebra tras la fusión

Investigan al banco de Ana Botín por las irregularidades en la gestión de la entidad que compró por un euro

El Banco Santander recurrirá la decisión de la Audiencia Nacional | archivo ec
El Banco Santander recurrirá la decisión de la Audiencia Nacional | archivo ec

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha incorporado al Banco Santander como persona jurídica investigada por las presuntas irregularidades en la gestión del Popular, al considerarlo heredero después de que en septiembre culminara la fusión, una decisión que será recurrida.

En el auto conocido ayer, el magistrado aplica el principio de “sucesión procesal por absorción de sociedades”, una vez acreditado que el Santander “absorbe y adquiere en bloque y a título universal todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y del pasivo del Popular”.

Según informaron fuentes de la entidad, el grupo que preside Ana Botín recurrirá la medida, en virtud de la cual podría ser llamado a declarar –a través de su representante legal– en la primera tanda de interrogatorios, que tendrá lugar una vez los expertos designados a la causa elaboren su informe pericial.

Otros casos
Fuentes conocedoras del procedimiento sostienen que esta sucesión es la norma que establece el Código Penal en los casos en los que una persona jurídica investigada se transforma, se escinde, se fusiona o es absorbida.

De hecho, no es la primera vez que un banco que ha llevado a cabo un proceso de fusión con otra entidad ha tenido que responder por la absorbida, como sucedió con la causa contra la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en la que figuró como acusado el Banco Sabadell, finalmente exonerado por la Audiencia Nacional.
También en la vía civil se han dado otros casos con Bankia como protagonista, que debió hacerse cargo de responsabilidades civiles derivadas de conductas del Banco de Valencia, controlado por Bancaja.

En junio de 2017, la Junta Única de Resolución (JUR) decidió liquidar el Banco Popular convirtiendo en cero el valor de las acciones, operación ejecutada por el FROB a instancias del Banco Central Europeo (BCE), y posteriormente, el Santander se hizo con la entidad por un euro.

En octubre de ese año, el entonces titular del juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

El magistrado acordó entonces la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital llevada a cabo en el año 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.

Tras conocer el auto del juez Calama, la asociación de consumidores Adicae, que representa en la causa de 934 accionistas del Popular, anunció que exigirá al Santander “las explicaciones necesarias sobre la falta de transparencia, la oscuridad y la arbitrariedad” de un proceso que “acabó defraudando a más de 300.000 inversores”.

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