Los preferentistas gallegos aseguran que se sienten “traicionados” por el Gobierno

El portavoz de la plataforma de afectados por la estafa en la comercialización de preferentes y subordinadas de Santiago, Xesús Domínguez, aseguró ayer que se sienten “traicionados” y víctimas de un “abandono absoluto” por parte del Gobierno.
En estos términos se pronunció tras haberse cumplido el plazo de 90 días que dio el presidente de Banesco y nuevo propietario de Novagalicia Banco, Juan Carlos Escotet, para transmitirles una solución a la problemática de las preferentes.
Domínguez afirmó en una comparecencia pública que a pesar del intento de la plataforma por “reabrir la vía política”, es la justicia quien les está dando la razón, “una por una”, a las más de cinco mil denuncias presentadas contra la estafa de las preferentes; lo que supone el “colapso de la justicia por culpa de los gobernantes que no solucionan el problema”.
Según manifestó el portavoz de la plataforma, al término de una movilización en la oficina central de Novagalicia en Santiago, el director de la sucursal situada en la Plaza de Galicia aceptó una reunión con los representantes de la asociación, y si esta se produce, los preferentistas exigirán “que la reunión con Escotet sea lo antes posible”. 
Por otro lado, la banca nacionalizada –Bankia, Novagalicia y Catalunya Caixa– ha devuelto más de 3.000 millones de euros a clientes que compraron participaciones preferentes y deuda subordinada y a los que el arbitraje les dio la razón.
Sin embargo, no han corrido la misma suerte miles de afectados, que habían invertido más de 3.500 millones en los mismos productos híbridos de estas entidades y cuyas solicitudes de arbitraje fueron rechazadas al entender que no hubo “mala praxis” en la venta. Según los datos de un informe remitido a la comisión de seguimiento de las participaciones preferentes, en concreto las tres entidades nacionalizadas devolverán 3.076 millones de euros gracias al arbitraje.
Las cajas que dieron lugar a Bankia, Novagalicia y Catalunya Caixa emitieron participaciones preferentes y deuda subordinada por importe total de unos 9.772 millones de euros.
Con la nacionalización y la entrada en pérdida de estos tres grupos, cientos de miles de pequeños ahorradores dejaron de recibir los intereses por sus productos híbridos, los cuales compraron en ocasiones creyendo que eran seguros y similares a un depósito.
La posibilidad de recurrir a un arbitraje hizo que los titulares de unos 6.833 millones de euros, casi el 70% de la deuda emitida por las cajas de los tres grupos, solicitaran esta vía, alternativa a la judicial, más rápida y económica, para tratar de recuperar su dinero. Al final, las entidades compensarán a buena parte de ellos, sin embargo, se quedarán fuera del arbitraje clientes que invirtieron más de 3.604 millones en preferentes y deuda subordinada.