Pescanova celebra su Junta mientras la Audiencia Nacional desenreda la trama

Pescanova navega entre dos procesos paralelos; por un lado, el mercantil, que quiere la continuidad de una compañía que arrastra trabajadores y cientos de acreedores que esperan se cumpla el convenio pactado; por otro, el penal, que busca depurar responsabilidades del agujero "récord" en una cotizada.
Con la junta de este martes, Pescanova avanza un paso, después de haber logrado cerrar un convenio de acreedores gracias al acuerdo con la banca y de que el juzgado de Pontevedra lo haya declarado firme.
Sin embargo, el proceso penal lleva otro ritmo por la complejidad de una empresa con numerosas filiales y sociedades participadas, y las prácticas de financiación realizadas por la compañía para lograr liquidez, entre ellas la emisión de facturas falsas.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investiga determinadas prácticas empresariales y contables realizadas por responsables de la pesquera y su grupo de sociedades con la eventual participación de otras personas.
Prácticas que, presuntamente, han dado lugar al falseamiento de la información reflejada en su contabilidad y en sus cuentas anuales al menos entre los ejercicios 2009 y 2012, así como en los estados financieros que debía remitir periódicamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En esos documentos se ocultaron pérdidas y deudas millonarias de esas sociedades -especialmente, el importe de su deuda financiera-, por lo que ni la CNMV, ni los accionistas, ni los inversores tuvieron a su alcance durante esos ejercicios la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Grupo Pescanova, según recoge el propio Ruz en uno de sus autos.
Entre esa información están los documentos que inscribieron en la CNMV para llevar a cabo una operación de aumento de capital por un importe nominal de 55.742.784 euros (9.290.464 acciones) y que supuso una captación de fondos de 125 millones de euros.
Según la investigación, como parte de esas irregularidades Pescanova habría emitido durante años numerosas facturas por operaciones inexistentes con el fin de incrementar ficticiamente los resultados del ejercicio y generar efectos susceptibles de descuento bancario.
El "globo" que hincha Pescanova en todos esos años estalla en febrero de 2013, cuando comunica a la CNMV sus dudas sobre la continuidad de su actividad, y, sobre todo, el 25 de abril cuando es declarada insolvente con un desfase patrimonial de más de 1.667 millones de euros.
Sus cuentas anuales de 2012 (que se elaboraron en noviembre de 2013) reflejan un patrimonio neto negativo de 1.522 millones.
A esta situación se añade que, entre la fecha en la que Pescanova comunicó que tenía dudas sobre su continuidad y la de la declaración de concurso de acreedores, algunos administradores vendieron importantes paquetes de acciones de Pescanova a través de sus sociedades patrimoniales, con lo que evitaron pérdidas considerables ante su inminente depreciación.
Un conjunto de hechos que son, como ha calificado, constitutivos de presuntos delitos de falseamiento de cuentas anuales y otros documentos relevantes, falseamiento de información económica y financiera, estafa, falsedad en documento mercantil.
Además, respecto al expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro se sigue la causa por presuntos delitos de impedimento de la actuación del organismo supervisor y alzamiento de bienes, además de otras calificaciones que pudieran surgir en el procedimiento mercantil o del procedimiento penal, como insolvencia punible.
Hasta la fecha, están imputados por los hechos investigados en el caso Pescanova una treintena de personas y entidades jurídicas.
Es el caso de Manuel Fernández de Sousa-Faro, Alfonso Paz-Andrade, Fernando Fernández de Sousa-Faro, Robert Albert Williams, Pablo Javier Fernández Andrade, Jesús Carlos García, José Antonio Pérez-Nievas, Sociedad Gallega de Importación y Exportación de Carbones, Inverpesca, Inverlema e ICS Holding Limited.
También Antonio Taboas, Carlos Turci, Joaquín Viña, Alfonso García, Alfredo López Uroz, Ángel González, Camilo Rodríguez, Francisco Javier Fernández, Francisco Javier Retamar, Manuel López, Antonio Casas y José García.
A ellos se suman Santiago Sañé, BDO Auditores, Pescanova, Nova Ardara, Iber-Comercio e Industria, Golden Limit y Sociedad Anónima de Desarrollo y Control.
Ruz ha impuesto una fianza solidaria que suma 158.534.946,47 euros para Manuel Fernández de Sousa-Faro, Alfonso Paz-Andrade, Fernando Fernández de Sousa-Faro, Robert Albert Williams, Antonio Taboas, Joaquín Viña, Alfredo López Uroz y ICS Holding, y ha fijado la misma cantidad para los imputados Carlos Turci, Alfonso García Calvo y Ángel González.