Mario Conde sale de prisión tras aceptar la juez el pago de la fianza de 300.000 euros

El exbanquero Mario Conde abandonó ayer a las 19.50 horas la prisión madrileña de Soto del Real, donde ingresó el pasado 13 de abril por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de la causa en la que se le investiga por repatriar 13 millones de euros del caso “Banesto”.
El expresidente de la entidad abandonó la cárcel madrileña vestido con traje y corbata, acompañado de un chico, y con una amplia sonrisa. Ante una nube de periodistas que le preguntaron por el origen de la fianza o las medidas cautelares, Conde se marchó en un coche que le aguardaba en primera línea de la prisión sin hacer declaraciones.
Su salida de prisión se produce tras acordar la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela su puesta en libertad provisional después de haber consignado una transferencia por valor de 300.000 euros para cubrir el importe de la fianza impuesta. La magistrada, que se encuentra realizando funciones de guardia, fijó como medidas cautelares la obligación del expresidente de Banesto de comparecer todos los lunes y cuantas veces sea llamado ante el Juzgado Central de Instrucción número 1, del que es titular Santiago Pedraz, instructor del caso.
Lamela ha prohibido a Conde salir de España sin autorización judicial, mientras que le ha impuesto la obligación de fijar un domicilio, señalar persona y domicilio de contacto para las notificaciones, así como un número de teléfono de disponibilidad permanente.
El investigado deberá entregar su pasaporte el próximo lunes por la mañana en la Audiencia Nacional, con la advertencia de que si incumple cualquiera de estas obligaciones será detenido de inmediato y se modificará su situación personal. 
La fianza, depositada por un procurador, fue recibida ayer por la tarde en la cuenta de consignaciones del juzgado, después de que Pedraz rechazara la garantía hipotecaria aportada por dos altos cargos de la Fundación Francisco Franco, Jaime y José Ángel Alonso García, que depositaron como aval cuatro fincas situadas en la isla de Fuerteventura valoradas en un total de 610.818 euros.