Las empresas con un 50 por ciento de ingresos públicos irán en la Ley de Transparencia

Las entidades privadas que tengan al menos el 50 por ciento de sus ingresos anuales procedentes de subvenciones públicas estarán sujetas a la Ley de Transparencia -siempre que alcancen como mínimo los 3.000 euros-, al igual que aquellas que reciban en un año ayudas públicas de más de 100.000 euros.

Esta es una de las más de treinta enmiendas que ha presentado el PP esta tarde al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

También propone incluir la Casa del Rey, el Congreso y el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, el Consejo de estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas

Las enmiendas populares, que recogen todos los compromisos asumidos por el Gobierno hasta ahora, incluyen en el ámbito de aplicación de la ley a partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales.

Respecto a las peticiones de información de los ciudadanos a la Casa del Rey, establece que será la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno el órgano competente para "tramitar el procedimiento mediante el que se solicite", así como para "conocer de cualquier otra cuestión que pudiera surgir" derivada de la aplicación de la ley.