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martes | 16 abril | 2024
El Gobierno dio ayer luz verde al anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, una norma que permitirá a empresas y profesionales ofrecer sus productos o servicios en toda España con una única licencia y que se estima que aumentará anualmente el PIB en 1.500 millones en sus primeros diez años.
La nueva normativa, inspirada en los principios de licencia única y legislación de origen sobre los que se basa el Mercado Único Europeo, persigue asegurar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional y eliminar el coste que conlleva tener que adaptarse a las distintas normativas autonómicas, dijo ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recoge Efe.
Ahora hay empresas que están obligadas a fabricar hasta 17 versiones distintas de un mismo producto o a pedir hasta 17 licencias para ofrecer un servicio en España, país en el que se han publicado más de 100.000 leyes estatales y autonómicas desde 1978. Como ejemplo, Sáenz de Santa María explicó que una empresa que vende un producto alimentario debe incluir en el etiquetado especificaciones distintas de su composición en función del lugar donde se comercialice y un fabricante de máquinas recreativas debe producir varias versiones de un mismo aparato para poder venderlo en todo el país.
Hoy, una empresa que construye colegios en la comunidad en la que tiene su sede no los puede construir directamente en la de al lado, en tanto que un fontanero no puede ejercer su profesión en varias autonomías sin tener autorización en todas ellas.
El Ministerio de Economía calcula que la aprobación de esta ley conllevará un aumento del PIB del 1,52 por ciento en sus primeros diez años de vigencia, lo que supone un incremento anual del 0,15 equivalente a 1.500 millones al año.
La nueva ley dará respuesta a las reclamaciones de operadores nacionales e internacionales, quienes en reiteradas ocasiones han denunciado que la “sobreabundancia normativa” supone un “claro” desincentivo a la inversión, aumenta la inseguridad jurídica e impide beneficiarse de las economías de escala.
