La CE propondrá penas de cárcel por la manipulación de índices como el Libor

La Comisión Europea propondrá hoy sanciones penales que puedan incluir la cárcel para aquellos que manipulen índices financieros de referencia como el Euribor o el Libor, tras el escándalo del banco británico Barclays.

Para evitar casos similares, el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, y la comisaria de Justicia, Viviane Reding, enmendarán la Directiva sobre Abusos del Mercado, propuesta en octubre para castigar precisamente por la vía penal abusos graves cometidos en los mercados financieros como la manipulación y el uso de información privilegiada.

"El colegio de comisarios propondrá que la manipulación de estos índices de referencia debe ser considerada un abuso del mercado y penalizada, es decir estar abierta a sanciones penales en cada país de la UE", dijo en declaraciones recientes el portavoz de Barnier, Stefaan de Rynck.

Tanto la Comisión Europea como otras autoridades reguladoras y de competencia del Reino Unido y EEUU investigan la presunta manipulación de los tipos de interés a los que se prestan dinero los bancos como el Euribor, -el indicador que más se emplea en España para calcular las cuotas de las hipotecas- el Libor o el tokiota Tibor.

Tras estallar en el Reino Unido el escándalo del Barclays, que fue multado con 290 millones de libras (360 millones de euros) el 27 de junio por manipular el Libor -tipo de interés interbancario fijado en Londres- y su equivalente europeo Euribor entre 2005 y 2009, las investigaciones se centran en otros grandes bancos como Crédit Agricole, HSBC, Deutsche Bank y Societé Générale, y en brókeres individuales, según el Finantial Times.

Los tipos Libor y Euribor se calculan a partir de los datos que diariamente suministran una muestra de bancos comerciales.

Este tipo y otros utilizados en la actualidad son "un recurso público" a la vista de las implicaciones que tienen para la economía en general, afirmó recientemente Barnier, quien estudia si puede ser el propio sector bancario el que continúe elaborándolo o es necesario que haya "una regulación exterior".