La CE aprueba los cambios necesarios para aplicar la garantía de empleo juvenil

La Comisión Europea (CE) acordó hoy la propuesta concreta para crear a partir de 2014 la llamada "garantía juvenil", una iniciativa para asegurar que todos los menores de 26 años tengan una oportunidad de empleo, formación o prácticas en un máximo de 4 meses tras terminar sus estudios o quedar en paro.
Dotada con hasta 6.000 millones de euros, la "garantía juvenil" es la primera medida que la UE dedica específicamente para combatir las alarmantes cifras de desempleo juvenil, que superan el 23 % en los Veintisiete y el 55 % en España.
"Tras la contundente señal política dada por el Consejo Europeo en apoyo de la 'garantía juvenil' (...), la Comisión ha ofrecido la propuesta concreta para permitir a los Estados miembros empezar a usar los recursos inmediatamente después de que entre en vigor el nuevo marco presupuestario 2014-2020", señaló en un comunicado el comisario europeo de Empleo, László Andor.
Los fondos europeos beneficiarán particularmente a las regiones con una tasa de desempleo joven mayor del 25 % y, según las estimaciones del Gobierno, España podría recibir hasta 1.000 millones de euros de esta nueva partida.
La mitad de esos fondos procederán de una nueva línea presupuestaria, mientras que los otros 3.000 millones de euros saldrán del Fondo Social Europeo y necesitarán cofinanciación por parte de los Estados miembros.
La propuesta final de la CE llega en el mismo día en el que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, presentó en Madrid la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (2013-2016), con la que pretende atajar la "lacra" del desempleo juvenil.
Los jefes de Estados y de Gobierno de los Veintisiete tienen previsto pedir en su cumbre del jueves y el viernes en Bruselas una rápida implementación de las medidas europeas de lucha contra el paro entre los jóvenes.
Inspirada en el sistema de países como Austria, Finlandia o Suecia, la garantía tiene formato de recomendación y por tanto no es jurídicamente vinculante para los Estados miembros, aunque su aplicación a nivel nacional será objeto de seguimiento por parte de la Unión. EFE mvs/ahg/cla