El juez Ruz imputa al presidente de Damm por defraudar 72 millones de euros

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz imputó al presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, por su presunta colaboración en una trama fiscal en la que se acusa a su padre de defraudar a Hacienda 72,04 millones de euros y cometer un delito de blanqueo de capitales.
En un auto, en el que el magistrado transforma las actuaciones en procedimiento abreviado, da un plazo de veinte días a la Fiscalía y al resto de partes personadas para que formulen su escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento.
El presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, ya anunció que impugnará la decisión en el plazo previsto por la ley, al considerar el auto “extemporáneo por prematuro, ya que está aún pendiente la práctica pericial de la defensa, admitida por el propio magistrado”.
En el auto, el juez considera que Carceller Arce participó “activamente en la gestión del patrimonio de su padre, Demetrio Carceller Coll, y, especialmente en las inversiones inmobiliarias que tiene en Arizona.
Arce está acusado de articular junto al “hombre de confianza” de su padre, José Luis Serrano Flórez, y el abogado del despacho Petrus de Barcelona Gabriel Ignacio Pretus Labayen, las estructuras societarias necesarias para ocultar todas las rentas generadas y patrimonio de su padre y simular la residencia de su progenitor fuera de España.
De los informes elaborados por la Agencia Tributaria se desprende que Carceller Coll podría haber defraudado entre 2001 y 2009 un total de 42,34 millones en concepto de IRPF y otros 29,69 millones más en relación con el Impuesto de Patrimonio.
En concreto, dejando fuera los ejercicios en los que el delito fiscal ha prescrito, el juez recoge que defraudó las cuotas de IRPF entre 2003 y 2009, el Impuesto de Patrimonio de 2003 a 2007 y el Impuesto de Sucesiones de 2006, cuantías todas superiores a los 120.000 euros a partir de la cual el fraude se tipifica como delito y no como falta.
Para Ruz, “ha quedado indiciariamente acreditada la existencia de una trama defraudatoria a la Hacienda Pública” mediante la “ocultación del domicilio real” de Carceller Arce y los otros imputados.
Según relata en su resolución, con el objetivo de eludir sus obligaciones tributarias, Carceller Coll inició, al menos durante los años noventa, acciones para ocultar que, aunque su domicilio estaba en Madrid y Galapagar, utilizó estructuras fiduciarias radicadas en paraísos fiscales, reinvirtiendo las cuotas que defraudaba en sociedades controladas por él. n