El juez procesa a Gayoso por un perjuicio de 43 millones en una operación inmobiliaria en Cangas do Morrazo

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, propuso juzgar a siete personas, entre las que figura el expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, por una operación inmobiliaria en el municipio pontevedrés de Cangas do Morrazo que ocasionó un “quebranto” de 43,1 millones a la entidad.
En un auto en el que pone fin a la instrucción, De la Mata propone en concreto que se juzgue a Gayoso, así como a los directores generales adjuntos Ángel López Corona, Gregorio Gorriarán Laza y Óscar Rodríguez Estrada; al jefe de Empresas Participadas en Caixanova Juan Manuel Gutiérrez Ois y los administradores de Atlántico Construcciones y Promociones, Ubaldino Rodríguez y su mujer, Natividad González. Archiva las actuaciones para otros once investigados.

Delito societario
Entiende que hay indicios suficientes de la comisión de un presunto delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social y otro de apropiación indebida en aquella operación, que fue investigada en una pieza separada al hilo de las pesquisas sobre la gestión de Caixanova.
Se trata de un proyecto inmobiliario que querían acometer Atlántico Construcciones y la extinta caja de ahorros, que aportaría la financiación, en Cangas del Morrazo, para la promoción de una urbanización con viviendas, comercios y servicios, así como la construcción y explotación de un puerto deportivo, todo, con una inversión máxima de 151 millones de euros.
El proyecto se desarrollaría a través de dos sociedades (CRMA y RMA) participadas al 50% por los dos socios, pero el juez, tras analizar toda la operación, considera que fue diseñada específica y deliberadamente por los investigados para que el coste lo asumiera Caixanova y por ende, las pérdidas, que superaron los 43 millones. Mientras, la constructora se limitaba a inyectar en el proyecto las cantidades que iba recibiendo de Caixanova, cuyos directivos aprobaron financiar la iniciativa pese al “altísimo” riesgo de la operación, ya que la situación urbanística de los terrenos hacía imposible su desarrollo. De hecho, once años después, el Plan General de Ordenación Urbanística imprescindible para la promoción, sigue sin aprobarse.
El juez apunta que los directivos de Caixanova consiguieron que los órganos corporativos de la entidad adoptaran los acuerdos necesarios para dotar al proyecto en cada momento de las fuentes de financiación necesarias, “ocultando la inexistencia de suficiente análisis técnico que soportara la asunción del riesgo en la fase inicial y sin proveer la información suficiente en relación con los sucesivos acuerdos que se fueron adoptando, en particular en cuanto a la situación urbanística de los terrenos y a la viabilidad legal y técnica del proyecto”.
Los directivos de Caixanova consiguieron que se acordara la alianza con un socio que no tenía capacidad económica para materializar la compra de los terrenos ni para asumir de modo independiente la parte del proyecto que le correspondía, sin evaluar el precio razonable de los terrenos y pagando por ellos, en consecuencia, una “cantidad elevadísima y no justificada en absoluto”, para “ocultar ahí las enormes plusvalías” de Ubaldino Rodríguez y Natividad González. l