Inversores en NCG piensan que fueron "sacrificados por un interés superior"

El abogado que representa a los siete inversores que han demandado a NCG Banco y al FROB por los veinte millones que perdieron en 2012 tras la operación acordeón en la entidad, ha explicado hoy que fueron "sacrificados por un interés superior", que era el de que "no se supiera lo que estaba pasando".
En enero de 2012 siete empresas aportaron más de veinte millones de euros a la entidad -Inversiones Subel, cinco; Inversiones Gallegas del Cable, cinco; Hijos de Rivera, cuatro; Copasa, tres; Río Breiro, tres; Concable Inversiones, medio millón; y Coren, 300.000 euros, cantidades que tras la operación acordeón se quedaron en cero.
En la segunda sesión del juicio celebrada hoy en el juzgado de Instancia número cinco de A Coruña, un auditor de la entidad llamado Miguel Ángel Bailón ha aclarado que, tras la fusión de las cajas gallegas, existió "una discrepancia entre el valor contable y el que tenía la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)".
En el momento en que se produjo la inversión de estas siete empresas existía "una situación claramente deteriorada" en la que "ya se hablaba de la necesidad de un ajuste" por el "incumplimiento grave de la normativa", tras una auditoría que no tenía "información suficiente para determinar si se iban a recuperar los créditos fiscales".
Lo que ocurrió fue que la entidad arrojaba un balance en diciembre de 2011 que se corrigió en marzo de 2012 con efecto retroactivo al anterior ejercicio, en una acción legal que mostró otros resultados peores que hicieron a los inversores perder sus aportaciones.
Desde el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han relatado, a través de el especialista en reestructuración de entidades Leopoldo Puig, que NCG cumplía en diciembre de 2011 los ratios mínimos exigidos por el Banco de España, pero no tras el ajuste de marzo.
Tres peritos han mostrado posturas encontradas sobre la situación de la entidad, que para uno "no se encontraba saneada y estaba descapitalizada", mientras para otro "estaba saneada, pues no se estaba en liquidación", aunque han coincidido en que la información que tenían los inversores "era completa" y compraron "al mismo valor que el FROB".
Tras escuchar a todas las partes, el abogado de los demandantes, que ha pedido la recuperación de la inversión perdida de algo más de veinte millones de euros de estos siete empresarios, ha afirmado que el banco "ni estaba saneado ni era viable" y "no cumplía con los requisitos de capital mínimo".
Según las actas, el 15 de diciembre de 2011 la entidad conoció la posibilidad de hacer un ajuste, confirmada al Banco de España el 10 de enero de 2012, mientras que la inversión se hizo el 12 de enero, por lo que si los inversores "lo hubieran sabido, no se hubiera producido la compra".
En su opinión, existió "mala fe por parte del FROB", que además sirvió para provocar aquella inversión, ya que daba imagen "de solidez".
"La inversión de mis clientes era totalmente inviable, estaba perdida el 12 de enero y el FROB y el banco lo sabían, eso es lo más triste. Fueron sacrificados por un interés superior, que era que no se supiera lo que estaba pasando en aquel momento en que había una situación de alarma por un banco no solvente que estaba quebrado y tuvo que ser nacionalizado", ha apuntado.
La abogada del Estado ha culpado al "contexto de crisis generalizada" y a los inversores que "tenían fácil acceso" a la información de NCG a través de contactos en los consejos, además de estar "altamente cualificados" para la operación, pues no eran "preferentistas".
A su juicio, la prueba de que no se podía sospechar lo que iba a suceder es que los máximos responsables de la entidad, José María Castellano y César González-Bueno, invirtieron y perdieron 1,5 millones de euros, además de los "decretos leyes" que llegaron "en una situación de emergencia que pretendía evitar el rescate financiero que finalmente se produjo".