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sábado | 20 abril | 2024
Hoy se celebró el primero de los cuatro días de vistas en la corte para analizar la petición de Intel de anular esa decisión de la Comisión Europea (CE) o reducir el importe de la sanción, la mayor jamás aplicada a una sola compañía por abuso de posición dominante.
La primera sesión se centró en la naturaleza de los descuentos que Intel, que dominaba el mercado de procesadores de arquitectura "x86", dio de octubre de 2002 a diciembre de 2007 a fabricantes como Acer, HP, Dell, NEC o Lenovo o al minorista MHS, a cambio de que le comprasen la casi totalidad de suministros de CPU (Unidades Centrales de Procesamiento) que necesitasen.
En opinión del abogado de la CE Manuel Kellerbauer, esa estrategia tenía un "objetivo anticompetitivo" para excluir a adversarios como Advanced Micro Devices (AMD), la empresa que dio la voz de alarma a Bruselas para que iniciara una investigación ocho años antes de la sanción.
También subrayó que los clientes de Intel temían perder esos descuentos y asumir importantes pérdidas financieras.
En cambio, el jurista de Intel Nicholas Green fundamentó su defensa en que la CE no logró probar adecuadamente el supuesto comportamiento ilegal de la compañía a la hora de ofrecer esos reembolsos, ni sus posibles efectos adversos en la competencia.
"La CE debe probar su caso con pruebas firmes, precisas y consistentes", indicó, y apuntó a que Bruselas cometió fallos de procedimiento "que minan" su decisión.
Así, afirmó por ejemplo que los reembolsos, en el caso de los ordenadores de mesa, afectaban al 30 % de los procesadores que vendía, cuando la CE aseguraba que la firma pedía a cambio la compra en exclusiva de hasta el 95 % de las CPU que los fabricantes necesitasen.
En opinión de Green, no se puede deducir de las "reacciones subjetivas" de los clientes que Intel haya incurrido en una falta ni que fuera consciente de ello.
También recordó una resolución no vinculante del defensor del pueblo europeo en 2009, que dio la razón a Intel al considerar que la CE había cometido errores en su investigación, al no documentar adecuadamente una entrevista con un ejecutivo de Dell.
Para la CE, en cambio, el factor decisivo a la hora de determinar la multa es la "naturaleza" de la infracción y no sus efectos, tal y como deduce de una sentencia previa sobre British Airways en la que el Tribunal General asumió que los descuentos, por su propia naturaleza, dañan la competencia, por lo que no vio necesario probar en ese caso sus consecuencias.
El abogado de la CE Nicholas Khan destacó que, en el periodo señalado, Intel necesitaba "cada vez más comprar la lealtad de sus clientes" porque, entonces, su dominio era "más un legado de incumbencia que una manifestación de supremacía técnica".
Otro de los juristas comunitarios, Vittorio Di Bucci, puntualizó durante un debate sobre la jurisdicción territorial que aceptar los argumentos de Intel implicaría una grave falta a la aplicación de las normas europeas de competencia y dejaría a la UE "sin defensa" ante empresas establecidas en terceros países, como es el caso de la japonesa NEC o la china Lenovo.
Uno de los momentos más tensos de la vista se vivió cuando el presidente de la sala, el juez Alfred Dittrich, interrogó al abogado de Intel sobre por qué no había considerado relevante presentar unos documentos solicitados por la CE durante su investigación sobre procesos previos entre Intel y su contrincante AMD en EEUU.
Green también se vio en apuros cuando el juez le preguntó por qué consideraba obligatorio que la CE tuviera que grabar la mencionada conversación con el representante de Dell que fue objeto de la resolución del defensor del pueblo.
Una vez concluidas las vistas, los cinco jueces que llevan el caso deliberarán varios meses antes de dictar sentencia, que aún podrá ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la UE, la máxima instancia judicial comunitaria.
