11º-16º
martes | 16 abril | 2024
Un informe elaborado por el profesor de la UB e investigador del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) Josep Maria Duran plantea que los municipios, al menos los más grandes, tengan poder normativo sobre el IRPF, de forma que este impuesto y el IBI sean la base de la financiación municipal.
El informe forma parte del último número de la revista "Nota d'Economia", dedicado íntegramente a las finanzas de las haciendas locales, una publicación que edita el departamento de Economía de la Generalitat de Cataluña.
El profesor propone una reforma del sistema actual de financiación de los municipios, basado en una cesta formada por cinco impuestos.
En concreto, cree que el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el impuesto sobre el incremento en el valor de los terrenos de naturaleza urbana - la llamada plusvalía municipal- deberían eliminarse; que el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) debería quedar reducido a un papel muy secundario, y que el de impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) debería aplicarse en el ámbito autonómico.
Para compensar a los municipios, el autor propone dar a los municipios de mayor tamaño "poder normativo para modificar el tipo impositivo dentro de un intervalo establecido", de forma que además de ceder una parte del impuesto se dé a estos entes locales responsabilidad fiscal.
Duran no precisa qué porcentaje de cesión del IRPF debería darse a los grandes ayuntamientos, pero entiende que debería ser "mucho más elevado" que el actual; y es que actualmente los grandes municipios reciben un 1,68 % del IRPF.
La propuesta de este investigador llega un año antes de que el Gobierno español aborde una reforma integral de la fiscalidad en España que debe servir de base para determinar el nuevo sistema de financiación de las administraciones en España.
Duran considera que la nueva cesta impositiva de los ayuntamientos debería estar formada por el IRPF y por un Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) sin las ineficiencias actuales, y añade que ello podría complementarse con la regulación de otro impuesto local como el de pernoctaciones turísticas, que sería voluntaria por parte de los ayuntamientos.
También en esa mismo número de la revista Ramon Auset, miembro de la dirección general de Política Financiera de la Generalitat, critica en un artículo que la ley de estabilidad financiera aprobada por el Congreso "traslade de forma lineal" a los ayuntamientos los objetivos marcados para administraciones como las comunidades, a pesar de la especificidad que tienen los entes locales.
Auset considera que "el principio de estabilidad presupuestaria al que se refiere el pacto de estabilidad y crecimiento (...) está concebido para el conjunto del sector público y no tiene sentido aplicarlo de forma individual a cada uno de los numerosos agentes que integran el sector público local y exigir su cumplimiento en el ciclo anual del presupuesto".
El artículo censura que los entes locales no puedan tener déficit a pesar de gestionar el 12 % del gasto público global, y asegura que a la administración local le correspondería un 7 % del déficit permitido al conjunto de las administraciones españolas.
Por otra parte, el autor estima que la deuda de los ayuntamientos y de las diputaciones catalanas suponía al cierre de 2011 el 2,68 % del PIB, lo que significa 5.100 millones de euros, un 0,7 % menos que el año anterior.
Sin embargo, este año y el año pasado los municipios han tenido que pedir prestado dinero al Estado para poder saldar las deudas pendientes con sus proveedores, por lo que se da por supuesto que su deuda ha aumentado, aunque por ahora esos fondos ligados al plan de pago a proveedores contabilizan como deuda del Estado.
