10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
La Audiencia Nacional ha citado a declarar en calidad de imputados a los antiguos gestores de Viajes Marsans Gerardo Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual e Iván Losada, por un presunto delito de apropiación indebida de 4,43 millones de euros.
En el auto, el juez Santiago Pedraz considera que los elementos esgrimidos en la querella que presentó la Fiscalía, la documentación anexa y los “aparentes indicios de criminalidad existentes” pueden ser constitutivos de un “delito continuado de apropiación indebida”.
Gonzalo Pascual, Gerardo Díaz Ferrán e Iván Losada comparecerán ante el juez los próximos días 21, 22 y 23, respectivamente. El juez Pedraz ha citado también al que fuera director corporativo de Interinvest (Marsans), Vicente Muñoz, y a Rosario Gil.
En la querella, el fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campo argumentaba que a finales de 2009 las sociedades de Marsans dejaron de abonar a los mayoristas las cantidades recibidas de los consumidores por los viajes y servicios contratados. Por ello, los proveedores exigieron al grupo turístico el pago anticipado de los productos comercializados.
Sin embargo, añade, los responsables del grupo “destinaron los fondos a fines ajenos a la actividad del grupo”, de modo que muchos de los clientes que habían depositado una cantidad con Marsans vieron cancelada su reserva y no obtuvieron el reembolso del dinero anticipado, lo que supuso un perjuicio económico.
Afectados > Con ello, el importe total de las cantidades que no se devolvieron a los clientes afectados ascendía a 4,43 millones de euros. En consecuencia, el 62% de los clientes del grupo turístico se vieron afectados por esta situación.
Las salidas de la tesorería desde el Grupo Marsans se destinaron a otras compañías vinculadas con los antiguos y nuevos propietarios de la firma (Posibilitum) y a la emisión de cheques, algunos dirigidos al despacho de abogados del actual dueño de Marsans y de Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, así como a otras sociedades vinculadas a él.
Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual vendieron sus empresas a Posibilitum Business, controlada por Ángel de Cabo, justo antes de que fueran declaradas en concurso de acreedores en junio de 2010.
Díaz Ferrán negó haberse apropiado de las cantidades que recibió la compañía de los consumidores por los viajes y servicios contratados y aseguró que todo se destinó a abonar facturas del grupo turístico. Descartó que existiese apropiación indebida y señaló que todo ello se “demostrará fehacientemente”.
