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martes | 23 abril | 2024
La ineficacia en la lucha contra el fraude fiscal y la crisis económica no solo han reducido de forma preocupante la recaudación de las administraciones públicas, sino que además ha provocado un aumento del 88% de la deuda pendiente de cobro por parte de Hacienda, que asciende a 50.000 millones de euros.
Según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), de esta cantidad casi 11.000 millones están reclamados en los Tribunales Económicos Administrativos (TEA) y en los tribunales de justicia.
Gestha critica la errónea planificación de objetivos, que ha primado la cantidad sobre la calidad de las actuaciones tributarias, urgida por la necesidad de cuadrar las cuentas públicas, lo cual ha desembocado en un aumento de las reclamaciones contra las deudas, sanciones y actos de las distintas administraciones tributarias.
Desde 2008 se ha producido un aumento de la litigiosidad de los contribuyentes, alentada por la crisis y la voracidad tributaria, que ha desembocado en un atasco en los TEA, dado que desde hace 14 años se cuenta prácticamente con el mismo número de ponentes técnicos e inspectores de Hacienda que resuelven las reclamaciones.
Según Gestha, una segunda consecuencia de relegar a un segundo plano la calidad de las actuaciones tributarias es que los distintos tribunales estiman casi la mitad de las reclamaciones y recursos. Por ello, las Haciendas estatal y autonómicas tienen que cancelar una parte de su recaudación, afectando negativamente a los resultados de la lucha contra el fraude fiscal, al recaudar 1.038 millones de euros menos, si se excluyen los 471 millones de un concepto nuevo que por primera vez se incluyó en los resultados de 2013.
Ante esto, Gestha considera que se necesita con urgencia un cambio en profundidad de la organización del trabajo de la AEAT, pues es inconcebible que los TEA, órganos administrativos que dependen también del Ministerio de Hacienda, estimen el 44% de las reclamaciones contra las deudas, sanciones y actos de la Agencia Estatal Tributaria, un porcentaje que se eleva al 66% en el caso de las comunidades.
Además, hay que sumar aquellas reclamaciones desestimadas por los TEA y que posteriormente se recurren ante los tribunales de justicia, en donde también se anulan casi el 40% de las liquidaciones tributarias impugnadas en esta vía contenciosa.
Con todo, aunque los tribunales de justicia estiman gran número de los recursos, apenas el 17,3% de los contribuyentes acuden a la vía judicial porque la escasa cuantía de la gran mayoría de las deudas no compensa el coste de un litigio.
