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jueves | 25 abril | 2024
El Gobierno urgió ayer a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo a que cierre sus recomendaciones para reformar el sistema de pensiones cuanto antes o, de lo contrario, lo hará por decreto, y les pidió que, en aras del acuerdo, “todo el mundo ceda un poquito de su posición”.
El resultado que espera el Gobierno de esta comisión, que lleva casi dos años reuniéndose y por la que han pasado más de una treintena de expertos, son unas recomendaciones que aseguren el poder adquisitivo de las pensiones sin descuidar la suficiencia financiera del sistema.
Este consenso político, junto con el social que busca el Ministerio de Trabajo en la mesa tripartita con patronal y sindicatos, dará como resultado un proyecto de ley, evitando así que el Gobierno se vea obligado a legislar por decreto ley.
“Ojalá no tengamos que hacer un decreto ley con este asunto”, explicó ayer la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, precisando posteriormente que no está en la voluntad del Gobierno recurrir a este instrumento unilateral de legislar. En una conferencia organizada por Nueva Economía Forum, Valerio dejó claro que, tras la suspensión de la reunión del miércoles del Pacto de Toledo, espera que “cuanto antes se retomen las tareas”.
Diálogo
La ministra señaló que el Pacto de Toledo trabaja actualmente sobre el texto de la recomendación segunda del año 2011, que aconseja subir las pensiones con la inflación de forma anual, y puntualizó que la introducción de cualquier otra variable como el PIB o los salarios debe acordarse en el seno del acuerdo parlamentario y del diálogo social.
“Creo que todos tenemos claro que la subida del IPC debe ser troncal, y si queremos excepcionarlo en algún momento por la situación económica, que lo hagamos teniendo en cuenta el Pacto de Toledo y el diálogo social, no de manera unilateral por un Gobierno”, aseveró la ministra.
La recomendación segunda aprobada por el Pleno del Congreso en 2011 dice que los pensionistas son, sin duda, uno de los sectores de población más perjudicados por las variaciones crónicas –generalmente al alza– que la inflación ocasiona sobre el coste de la vida.
Por esa razón –continúa el texto– la revalorización anual de las pensiones se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones.
En este sentido, la revalorización debe ser diferenciada de cualquier otra acción de mejora encaminada no a conservar, sino –cuando lo permita la situación económica y con la oportuna cobertura legal– a aumentar dicho poder adquisitivo, añade. l
