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sábado | 20 abril | 2024
El Gobierno renuncia a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, porque carece de apoyos políticos, pero sí aprobó el registro de jornada a través de un real decreto ley. .
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, explicó que esa renuncia responde a un ejercicio de “prudencia” propio de un Gobierno “realista” que “tiene que saber el terreno que pisa y adecuarse a la situación”, tras dos años de negociaciones infructuosas.
“Hemos sopesado los pros y los contras de llevar un real decreto ley modificando los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 (...) y hemos llegado a la conclusión de que no íbamos a contar con suficientes apoyos en la Comisión Permanente, tal y como hemos visto con el tema de las pensiones”, explicó Valerio, que apostilló que “la vida sigue”.
Sin embargo, el Consejo de Ministros sí aprobó el registro horario de la jornada laboral, que tardará en entrar en vigor dos meses desde la publicación del real decreto impulsado ayer, que en principio está prevista para el próximo martes.
Así, “la empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora”, sin perjuicio de la flexibilidad horaria establecida en el Estatuto de los Trabajadores.
La empresa deberá conservar los registros durante cuatro años para que estén a disposición de los trabajadores, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Además, el Consejo de Ministros acoró bonificaciones a la contratación de parados de larga duración (cerca de 1,32 millones de personas) de las que se beneficiarán los empresarios que ofrezcan empleos indefinidos y serán de 1.300 euros al año en caso de que se contrate a hombres, y 1.500 euros en el de mujeres, que representan el 64 % del total, lo que tendrá un coste de unos 25,68 millones.
Tercera pata
Una tercera pata del texto aprobado ayer establece el incremento de la prestación por hijo a cargo de 291 a 341 euros para familias en situación de pobreza y a 588 euros para las familias en pobreza severa, una medida que también se había propuesto en los Presupuestos de 2019 rechazados por el Congreso. Este incremento beneficiará a unos 80.000 niños durante este primer año.
Además, la norma fija el mínimo de la prestación de incapacidad permanente total por enfermedad común para menores de 60 años en 6.930 euros anuales (6.991,60 euros con cónyuge a cargo o como unidad económica unipersonal) con efector retroactivo al 1 de enero de 2019.
Asimismo, incluye la reducción de un 14,6 % de la cuota de los trabajadores agrarios por cuenta ajena durante los periodos de inactividad y la bonificación para la conversión de los contratos eventuales de trabajadores agrarios en contratos indefinidos o fijos-discontinuos. El coste de esta medida ronda los 12,7 millones.
En materia de inmigración se recupera el Fondo de Apoyo a la inmigrantes, que fue eliminado en el 2012.
