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martes | 23 abril | 2024
El Gobierno aprobó el decreto de medidas urgentes en materia de alquiler, que limita las subidas anuales de los precios al incremento del IPC para todos los contratos nuevos durante la duración del contrato firmado, y que finalmente no contempla la bonificación del 80% del IBI para el alquiler de vivienda habitual cuya renta fuese inferior a la determinada por el índice de referencia del precio del alquiler de vivienda.
En concreto, con este real decreto, que amplía a cinco años la prórroga de la duración del contrato frente a los tres actuales, se vuelve a la situación de 1994 respecto a la toma en consideración del incremento del IPC para situar el aumento de la renta de las viviendas en alquiler, aunque en este caso el IPC no será obligatorio como entonces y solo operará “como máximo”.
Entrada en vigor
Esta medida solo será para los nuevos contratos que se suscriban desde la entrada en vigor del real decreto y no tendrá efecto retroactivo, puesto que sería difícil determinar qué consecuencias podría tener si afectase a los contratos vigentes.
Asimismo, esta medida, según Fomento, da más garantías sociales, a los inquilinos y no desincentiva la oferta.
Por otro lado, el decreto, que se publicará hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su inmediata entrada en vigor, incluye la elaboración de un sistema estatal de índices de referencia a las viviendas, que se utilizará para hacer un seguimiento del mercado y servir de soporte “a medidas de carácter fiscal”.
Este índice de referencia, para cuyo plazo de elaboración el Gobierno se da ocho meses, se actualizará anualmente y será lo más detallado posible.
Herramienta de referencia
Esta herramienta de referencia será compatible con otros índices que puedan elaborar las comunidades autónomas para definir la aplicación de sus competencias en políticas de vivienda.
No obstante, este índice “en ningún caso” habilita a las administraciones al establecimiento de sistemas de regulación de precios de alquiler.
Por su parte, el sector inmobiliario mostró mayoritariamente su rechazo al real decreto al que considera “contraproducente”.
El fondo de inversión estadounidense Blackstone, uno de lo mayores propietarios de viviendas en España, con 25.000 millones de euros invertidos en el país, señala que la norma “discrimina sin razón” a los operadores profesionales del alquiler y limita “sus garantías como arrendadores”.
En ese misma línea se manifestó el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, que opina que a corto y medio plazo producirá una subida de los precios del alquiler para las rentas más bajas y la retirada del mercado de algunos inmuebles.
El jefe de Estudios del portal inmobiliario Idealista, Francisco Iñareta, comentó que las regulaciones que propone el decreto en vez de fomentar la oferta incentivarán al propietario a retirar vivienda del mercado.
Desde Fotocasa, lamentan que la norma no recoja incentivos fiscales para quienes alquilen a precios asequibles.
