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martes | 16 abril | 2024
Los gallegos necesitan destinar 68 días de trabajo este año para pagar la deuda autonómica, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que apunta que, en el año 2017, en promedio, los habitantes de una comunidad necesitarían destinar 89 días de trabajo para amortizar la totalidad de la deuda autonómica.
La Airef cree que las comunidades no cumplirán con su meta de endeudamiento del 13 por ciento del PIB hasta el año 2037 y señala que los riesgos para la sostenibilidad financiera son muy altos en algunas como Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia o Comunidad Valenciana.
En el Observatorio de Deuda Pública del tercer trimestre publicado ayer, la Airef señala que los riesgos para la sostenibilidad financiera en el medio plazo del subsector comunidades han disminuido a lo largo de 2017, pero permanecen altos.
Cumplimiento
“El elevado nivel de partida, cercano al 25% del PIB, retrasa el cumplimiento del nivel de referencia del 13% del PIB al año 2037 en el escenario neutral”, añaden.
La imagen es dispar por comunidades: Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana tienen un nivel de riesgo para la sostenibilidad muy alto. Dos escalones por debajo se sitúan Extremadura y Andalucía y, en tercer lugar, están Aragón y Baleares, que presentan un nivel medio de riesgo.
Cantabria y Castilla y León se encuentran en el nivel de riesgo ligeramente bajo, al igual que Asturias y Galicia.
Por último, Navarra y La Rioja presentan riesgos bajos para la sostenibilidad, junto con Canarias, Madrid y País Vasco. En cuanto a los días de trabajo por persona necesarios para pagar la deuda regional, las comunidades en donde se necesitan más días para amortizarla son la Comunidad Valenciana (151), Castilla La Mancha (133) y Cataluña (127), mientras que donde emplean menos jornadas sería en el País Vasco (47), en Madrid (52) y en Canarias (56).
De forma global, el organismo presidido por José Luis Escrivá mantiene que la deuda pública no logrará situarse en el 60 por ciento del PIB –el objetivo marcado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera– al menos hasta 2035.
En el medio plazo, la Autoridad Fiscal señala que la senda de la deuda de las Administraciones Públicas prevista en el Plan Presupuestario 2018 “puede considerarse probable”.
En el tercer trimestre, la deuda bajo 1,1 puntos porcentuales, hasta el 98,7 por ciento del PIB. El conjunto formado por la Administración Central y los Fondos de la Seguridad Social alcanzó una ratio de deuda del 71,3 por ciento del PIB (821.200 millones de euros), 0,6 puntos porcentuales por debajo del trimestre anterior.
