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miércoles | 24 abril | 2024
El comité de expertos propuso una reforma fiscal en dos fases, que en un primer momento implicaría bajar los impuestos directos (IRPF y sociedades), y que en una segunda etapa supondría el recorte de las cotizaciones sociales para impulsar el empleo, lo que se compensaría con un alza del IVA.
El presidente del comité, Manuel Lagares, explicó en rueda de prensa las conclusiones de un trabajo que aboga por rebajar desde 2015 el IRPF y simplificarlo a cuatro tramos con un tipo mínimo de en torno al 20 por ciento y un máximo del 50%, aunque con una aproximación progresiva al tipo medio máximo europeo del 45%.
En opinión de Lagares, que el Estado se quede con más del 50% de la renta de un trabajador, como en la actualidad, entra en el terreno de la “confiscación”.
Asimismo, los sabios abogan por aumentar los mínimos personales exentos para favorecer a las familias con hijos o ascendientes a su cargo y a las personas con discapacidad.
“Los mileuristas no deberían pagar impuestos”, dijo Lagares para defender su propuesta de que se suba el mínimo exento de declaración, a la que sumó la eliminación del régimen de módulos por el que tributan los autónomos y un tratamiento más homogéneo para las ganancias y pérdidas patrimoniales.
sociedades
Junto con la rebaja del IRPF, los expertos proponen que se reduzca el impuesto de sociedades desde el 30 por ciento al 25 por ciento en un primer momento, y al 20 por ciento posteriormente, sin hacer distinciones entre pequeñas y grandes empresas, al tiempo que se aumentarían las bases imponibles mediante la eliminación de exenciones, reducciones y bonificaciones.
Para financiar la rebaja de la imposición directa en 2015, el informe aboga por una revisión del IVA, que sin subir tipos permita pasar bienes y servicios al tipo general del 21 por ciento, manteniendo en el superreducido del 4 por ciento los bienes de primera necesidad y en el reducido del 10% el turismo, el transporte y la vivienda “que no pasa por su mejor época”.
El segundo bloque de reformas propuesto por los sabios, en este caso sin fecha concreta de implantación, apuesta por una devaluación fiscal que permita crear empleo a través de la rebaja de entre tres y cuatro puntos de las cotizaciones sociales, que tendría que estar acompañada de una subida del tipo general del IVA de dos puntos.
Según Lagares, la devaluación fiscal debería producirse cuando “la financiación de las pensiones se estabilice”.
La comisión de expertos considera que la contribución económica de su propuesta en la primera fase sería de un crecimiento del 0,5 por ciento anual tanto del PIB como del empleo, “compatible con una ligera aceleración de la senda de reducción del déficit público”.
La posterior devaluación fiscal podría llegar a tener un impacto anual en el crecimiento y en la creación de empleo del 0,7% del PIB con una “apreciable” contribución adicional a la reducción del déficit público.
