Un exconsejero de NCG afirma que se les ocultó las cuantías de las prejubilaciones

Un exconsejero de Novacaixagalicia (NCG) aseguró ayer que varios de sus compañeros pidieron información sobre las cuantías y las condiciones de las prejubilaciones de cuatro de sus exdirectivos, pero esta se les negó para salvaguardar el “secreto profesional” por su condición de alta dirección.
Javier Francisco Caínzos declaró ayer como testigo en la quinta sesión del juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra el excopresidente de NCG, Julio Fernández Gayoso; los exdirectivos Javier García de Paredes, Gregorio Gorriarán, José Luis Pego y Óscar Rodríguez Estrada, y el abogado Ricardo Pradas por haberse apropiado presuntamente de 18,9 millones de euros en prejubilaciones.
Caínzos coincidió con otros exconsejeros en que supo por los medios de comunicación de las cifras exactas de las indemnizaciones, pues en ningún consejo se habló “del importe de las retribuciones ni de las condiciones”.
Sin embargo, no insistió en preguntar y votó a favor porque confiaba y “había informes favorables del Banco de España”.
Mientras, la exconsejera Mar Barcón dijo que dimitió el 4 de octubre de 2011 al conocer por la prensa las cuantías, a pesar de que “siempre se dijo que los contratos eran legales y que los conocía el Banco de España”, y que “no eran cantidades fuera de las normales para todo el personal”, sino “proporcionales al resto de la plantilla”. Barcón considera que se las ocultaron porque como consejera no tuvo conocimiento de las cantidades, que no le parecieron “ni proporcionales, ni adecuadas, ni lógicas” ni tampoco correctas, “dada la situación de la entidad”.
En la misma línea, Ángeles Marra dimitió porque no consideró que fuera “ético y moral” esas cantidades.
La que fuera integrante de la Comisión de Retribuciones Pilar Cibrán, que no recordaba muchas de las cuestiones que se le preguntaban por la fuerte medicación y el aislamiento al que ha estado sometida tras una enfermedad, coincidió en que pensó que los contratos eran legales porque “siempre se les informó de que el Banco de España estaba al corriente de estos temas”.
Este órgano “acordó lo que el señor Pradas aconsejó”, que era hacer la dotación de provisión en el caso de que los miembros de alta dirección desistieran, pero sin mencionar la cantidad de 28 millones de euros.
Otro de los exconsejeros, Juan Ramón Iglesias, suscribió esta declaración al afirmar que en el consejo de 25 de agosto del año 2011 “no se aprobó la cuantía”, sino solo la dotación, porque la comisión de retribuciones no la mencionó.
No fue hasta que ya se produjeron los desestimientos de los cuatro directivos, días antes de la constitución de NCG –salvo García de Paredes, que abandonó cinco días después– y los pagos de las indemnizaciones cuando se informó al consejo, ya que antes “nadie sabía nada”.
A finales de septiembre, varios consejeros representantes de los sindicatos pidieron explicaciones, a lo que se les contestó que las indemnizaciones “eran legales”, aseguró el excopresidente de la entidad fusionada junto con Gayoso, Mauro Varela.
Sin embargo, el testigo estaba convencido de que “todos ellos querían continuar en la nueva entidad, sin duda”, aunque reconoció que “había rumores y se sabía que algunos no estaban satisfechos y querían hacer uso de la cláusula en cuanto a desestimientos”.