9º-16º
miércoles | 24 abril | 2024
Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, la petición de testificales se produce después de que declararan ante el juez de la audiencia nacional Ismael Moreno los cuatro exdirectivos imputados por haber percibido indebidamente 7,87 millones de euros.
Los primeros testigos llamados a declarar, el próximo 8 de noviembre, son los inspectores del Banco de Español Miguel Segui y Pedro González, que deberán explicar el informe que obra en las diligencias previas sobre la información que tenía el supervisor bancario de los contratos de estos altos exdirectivos.
Además, los días 13, 14 y 15 de noviembre deberán declarar los tres ex miembros del consejo de administración de Novacaixagalicia que votaron en contra del pago de las indemnizaciones de los exdirectivos. Se trata de José Luis Regueiro Vázquez, José Veiga Lage y Miguel Argones Rodríguez.
José María Castellanos ha sido llamado a declarar después de que su nombre apareciera en la declaración de los imputados, que señalaron que él fue quien decidió dejar de contar con José Luis Pego como director general de la entidad.
El juez Ismael Moreno concluyó el pasado 22 de octubre el interrogatorio de los cinco imputados en el caso de las indemnizaciones millonarias en Novacaixagalicia, con la toma de declaración del excopresidente del grupo Julio Fernández Gayoso.
Éste reafirmó las explicaciones del ex director general Jose Luis Pego y los exdirectivos Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García de Paredes, quienes aseguraron que el Banco de España conoció las modificaciones habidas en sus contratos y en ningún caso se opuso a ellas.
La Fiscalía Anticorrupción defiende que los cuatro exdirectivos deben devolver 7,87 millones de los 18,9 millones percibidos, a lo que hay que sumar cantidades indeterminadas de otros 33,3 millones a los que tienen derecho cuando cumplan 65 años.
Esas cantidades habrían sido percibidas indebidamente gracias a la colaboración de Fernández Gayoso, que según Anticorrupción no comunicó al consejo de administración las implicaciones de los contratos firmados a finales de 2010 y que supuestamente mejoraban sus pensiones.
