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miércoles | 24 abril | 2024
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ratificó ayer que se estudia una “reducción inicial” de un 20 por ciento de las entidades públicas de la Administración General del Estado y anunció un plan para ahorrar en la gestión de los 50.000 inmuebles que tiene.
Sáenz de Santamaría compareció ante la Comisión Constitucional del Senado para presentar los planes de su departamento y explicó, por ejemplo, que el Estado gasta 100 millones en alquileres cuando en el centro de Madrid hay patrimonio sin utilizar por valor de 500 millones.
Sáenz de Santamaría confirma que el Senado tendrá poder de veto
al techo de gasto
Según las cifras que aportó, hay 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios en todas las administraciones.
“Son muchos, son ineficientes y, en algunos casos, son excesivamente caros”, manifestó la vicepresidenta antes de calificar además de “demoledora” la deuda de 60.000 millones de euros que acumulan, el triple que hace tres años.
El objetivo es reducir, fusionar y eliminar entidades que “no sirvan a un propósito público, claro y justificado, así como enajenar participaciones no mayoritarias en sociedades privadas en las que el interés general no precise la presencia de ello”, dijo.
Comprensión > Sáenz de Santamaría defendió también a un Gobierno que, con sus reformas, “destierra los motivos para la desconfianza y aporta razones para la comprensión y el esfuerzo colectivo”, pero tanto el portavoz del PSOE, Francesc Antich, como el de Entesa, José Montilla, alertaron de los excesos en las políticas de austeridad y pidieron cambiar la reforma laboral.
Por otro lado, Sáenz de Santamaría confirmó que la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, que recibirá esta semana el visto bueno del Consejo de Ministros, permitirá que la Cámara Alta vete el techo de gasto del Estado. Una medida que ya avanzó, aunque sin concretar, durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de esta legislatura.
La vicepresidenta del Gobierno avanzó que el Consejo de Ministros de este viernes dará luz verde definitiva a la nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que desarrolla el principio de déficit mínimo introducido en la Constitución con la reforma consensuada por PSOE y PP el pasado verano.
Sáenz de Santamaría explicó que el Gobierno quiere dotar al Senado de mayor peso político y, para ello, está dispuesto a conceder a la Cámara Alta la capacidad de vetar la cifra de techo de gasto que establezca cada año el Ejecutivo. La vicepresidenta indicó que si el Congreso aprueba el techo de gasto para el conjunto de las administraciones pero el Senado lo rechaza, a partir de ahora el Ejecutivo tendrá que reelaborar una estimación del tope de gasto público.
Además, Sáenz de Santamaría aseguró que el Ejecutivo, teniendo en cuenta la recesión y la desviación del déficit, presentará unos Presupuestos “austeros, ajustados y realistas” que transformarán la forma de gestionar los recursos públicos.
Se trata, según manifestó, de un cambio “imprescindible por razones económicas, por ética pública” y por respeto al esfuerzo que están realizando los contribuyentes.
La vicepresidenta consideró que no es el momento de “repartir culpas o poner excusas” por la desviación de dos puntos y medio del déficit público, sino de aprender lecciones del pasado para no repetir los errores y ponerles remedio.
Tras recordar que se ha pasado de superávit a déficit en pocos años, denunció que en 2006 se relajara el control por parte del Estado y que se permitiera a las comunidades que también se relajaran sin lograr impulsar el crecimiento.
Los ingresos han caído y ahora el país no puede permitirse otra cosa que reducir el déficit, según sus palabras, porque el pago de la deuda y de sus intereses absorbe dinero que podría dedicarse a obras públicas o servicios sociales y ahoga el crédito que debería destinarse a empresas y familias.
“Si siguiéramos pidiendo sin limites, algún día podrían dejar de prestarnos”, alertó la vicepresidenta del Gobierno.
