9º-15º
miércoles | 24 abril | 2024
El Gobierno estudia cómo regular las cláusulas abusivas contenidas en algunos contratos hipotecarios, una de las medidas contra los desahucios que podría formar parte de un real decreto o decreto ley si se llega a un acuerdo con la oposición.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se refirió a estos productos “abusivos” o “subproductos”, como las cláusulas “suelo” que fijan un interés mínimo para las hipotecas, lo que impide a sus titulares beneficiarse de mayores rebajas.
Según recordó la vicepresidenta, el miércoles trató este y otros asuntos en la reunión que mantuvo con la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, en la que acordaron adoptar medidas urgentes contra los desahucios que se plasmarán en un real decreto ley o en un proyecto de ley que se tramitará por el procedimiento de urgencia.
medidas
La intención es articular medidas “preventivas y paliativas”, que tengan el máximo consenso y que presten una atención preferente a las familias en situación más vulnerable, las que tengan niños y mayores a su cargo, y a las situaciones de especial vulnerabilidad.
En este sentido, se vigilarán estrechamente aquellos casos en los que pudiera concurrir “alguna responsabilidad” en el impago de la deuda hipotecaria por parte del deudor, con el fin de evitar el fraude.
El próximo lunes se reunirá un grupo de seis expertos, tres por parte del Ejecutivo y otros tres por parte del PSOE, que serán los encargados de diseñar los detalles técnicos de la propuesta. La vicepresidenta del Gobierno y la número dos del PSOE serán las encargadas de seguir el curso del trabajo que realicen los expertos designados por ambas partes.
exclusión social
Según explicó la vicepresidenta, tendrán que ser los expertos los que vean cómo organizar la definición de exclusión social.
La intención, explicó, es “llegar a un conjunto de propuestas con agilidad”, como una tramitación de urgencia o decreto ley “si llegamos a un acuerdo” para su aplicación inmediata.
“La voluntad”, dijo, es alcanzar una solución “sin prisa pero sin pausa”.
Por otra parte, las medidas que regulan en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca son incompatibles con las normas europeas de protección de los consumidores, según un dictamen publicado por la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) Juliane Kokott.
La letrada considera que la regulación procesal española no protege al consumidor contra posibles cláusulas abusivas en el contrato hipotecario, al permitir la pérdida de la propiedad y el desalojo antes de que este pueda ejercitar una acción por daños y perjuicios. Este dictamen responde a una consulta de un juzgado mercantil de Barcelona, ante el que un ciudadano presentó una demanda contra tras ser expulsado de su vivienda.
