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jueves | 25 abril | 2024
El grupo parlamentario del PP propuso ayer incorporar una enmienda a la reforma laboral que elimine el nuevo contrato de apoyo a emprendedores y pymes (con un período de prueba de un año y sin indemnización por despido durante ese tiempo) cuando la tasa de paro se reduzca por debajo del 15%. Este fue uno de los cambios más destacados en el proyecto de ley de reforma laboral, aprobado ayer en el Congreso y que ahora irá al Senado para su visto bueno definitivo.
El grupo parlamentario popular pactó con la oposición 26 enmiendas, la mayoría con CiU, a la reforma laboral.
Asimismo, el PP y CiU pactaron que la caída de ingresos durante tres trimestres que justifica el despido por causas económicas se produzca en comparación con el mismo período del año anterior.
La prórroga automática
de los convenios se limita a un año en vez del período indefindido existente
Respecto al período de consultas que se debe abrir entre la empresa y los representantes de los trabajadores en caso de despido colectivo, PP y CiU pactaron que pueda ser sustituido en cualquier momento por un procedimiento de mediación o arbitraje.
Lo que no varía es que la autoridad laboral deberá limitarse a constatar que han existido causas de fuerza mayor para los despidos. También con el grupo catalán el PP pactó que el empresario podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10% de la jornada de trabajo de sus empleados, lo que deberá comunicar al afectado con un mínimo de cinco días de antelación.
También se limita a un año la prórroga automática de los convenios colectivos. Es decir, si comité y empresa no llegan a un acuerdo, el convenio dejará de estar vigente en un año en lugar del período indefinido que existía antes de la reforma.
Además, se pactó que los “descuelgues” de un convenio de ámbito superior se produzcan si la empresa suma dos trimestres consecutivos de disminución persistente de ingresos ordinarios o ventas respecto al mismo período del año anterior.
Con el PSOE, el PP acordó que las empresas de trabajo temporal podrán actuar como agencias de colocación cuando cuenten con la correspondiente autorización y que los trabajadores discapacitados puedan ser trasladados por su empresa a otra localidad en que sea más accesible su tratamiento.
Por su parte, la diputada del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, pidió ayer la suspensión de la comisión donde se debatía la reforma. El motivo del malestar del BNG y de otras formaciones políticas fue la actitud del PP, que al inicio de la sesión presentó un texto con numerosos cambios que los parlamentares no pudieron estudiar con antelación para poder realizar el debate. Sin embargo, PP y CIU se negaron a aplazar la comisión, que se reinició una hora más tarde.
Coincidiendo con el debate de la reforma, ayer tuvieron lugar concentraciones en varias ciudades españolas en contra de su aprobación, una de ellas delante del propio Congreso. Mientras, cientos de personas se concentraron en A Coruña convocadas por los sindicatos UGT y CCOO para exigir al Gobierno central que dé marcha atrás en la tramitación de la reforma laboral para que esta sea aprobada con un gran “acuerdo social y político”.
Por su parte, los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, antes de la aprobación, entregaron una carta dirigida al presidente del Congreso y a los portavoces de los grupos parlamentarios para que rechazasen la reforma.
Por otro lado, el Gobierno reducirá en casi un 57% los fondos estatales que reciben las comunidades para políticas de empleo, al pasar de 3.061 millones en 2011 a 1.318 millones este año, según el Ejecutivo andaluz.
