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jueves | 25 abril | 2024
La Administración General del Estado tardó una media de 47,5 días en pagar a sus proveedores en 2012, plazo superior al máximo de 40 días fijado por la Ley de Morosidad.
Según los datos publicados por Hacienda, el cuarto trimestre de 2012 fue el que registró una peor evolución al alcanzar un periodo medio de pago de 60 días en las operaciones en gastos corrientes en bienes y servicios.
En los trimestres precedentes el periodo medio de pago fue menor, ya que en el tercero fue de 56 días; en el segundo, 39; y en el primero, 35 días.
Asimismo, el tiempo que tardó de media en pagar las inversiones la Administración General del Estado en 2012 fue de 43 días.
Los peores datos se registraron en el segundo y tercer trimestre, con 52 y 53 días de periodo medio de pago respectivamente, frente a los 35 del cuarto trimestre y los 31 días del primero.
Según la Ley de Morosidad, el plazo máximo de pago en 2012 por parte de las administraciones públicas era de 40 días y de 90 en el caso de empresas constructoras de obra civil con contrato en vigor.
Para este año, el plazo desciende a 30 y 60 días, respectivamente.
Además, las operaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2012 fueron 5.297 con un importe de 554,3 millones de euros, con una situación pendiente de pago de 30 días.
De ellas, 736 operaciones se excedieron del periodo legal de pago, por importe de 53,2 millones.
El periodo medio en que estas operaciones superaron el legal de pago fue de 131 días.
De estas 736 operaciones en las que se sobrepasó el periodo legal de pago, 637 operaciones -cuyo importe se elevó a 51,3 millones- se encuentran pagadas a 4 de marzo de 2013, y quedan 99 operaciones por importe de 1,9 millones todavía pendientes de pago.
Según Hacienda, gran parte de estas operaciones están en esta situación debido a la falta de datos bancarios u otros motivos como embargos y compensaciones tributarias.
En el cuarto trimestre de 2012, el Ministerio de Fomento fue el que registró el mayor periodo medio de pago en bienes y servicios, con casi 113 días; seguido de Fomento, con 85; y Economía y Competitividad, con 56 días.
En el lado opuesto, se situaron el Tribunal de Cuentas y el Constitucional con 24 días; y el Consejo de Estado y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con casi 27 días.
Para las inversiones, el Ministerio de Economía y Competitividad tardó en pagar una media de casi 114 días y el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 75; y el de Justicia, con 46 días.
En cambio, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación tardó 18 días y el Tribunal Constitucional casi 22.
Hacienda destaca que se han quedado fuera de este informe las operaciones que no están basadas en una relación comercial o las realizadas entre subsectores del ámbito público estatal.
También se han eliminado las operaciones entre el sector público estatal y los órganos centrales de las comunidades autónomas.
La lucha contra la morosidad establece que el Interventor General del Estado elaborará trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las obligaciones de la Administración General del Estado.
Este informe incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.
