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jueves | 25 abril | 2024
El Banco Pastor tiene previsto ofrecer a sus trabajadores hasta 215 nuevas prejubilaciones. De ellas, entre 58 y 60 se aplicarían a los empleados de los servicios centrales de A Coruña y entre 100 y 150, a los de la red de oficinas dentro de Galicia. Estas prejubilaciones se suman a las 137 planteadas anteriormente por la entidad bancaria.
Los representantes sindicales se reunieron ayer con las direcciones del Banco Popular y del Banco Pastor, un encuentro en el que firmaron el documento de garantías para el empleo, dentro del acuerdo de fusión de las entidades.
Este texto, que tendrá una vigencia de tres años, fue suscrito por el 90,10% de la representación sindical y rechazado por la CIG –sindicato mayoritario en la plantilla del Pastor en Galicia–, ELA y LAB, porque consideran que en el documento no se garantiza el empleo ni que no habrá medidas traumáticas.
La entidad gallega espera ejecutar las prejubilaciones antes del próximo 30 de septiembre
Las prejubilaciones, que se empezarán a proponer de manera inmediata e individualmente, tienen condiciones similares a las ya propuestas.
En el caso de los servicios centrales, se dirigen a empleados que hayan cumplido o cumplan este año los 56 años, mientras que en la red de oficinas están pensadas para personal por debajo de los 60 años. Los responsables del Banco Pastor plantearán cada prejubilación de forma individual y dependiendo de la zona geográfica o el tipo de puesto desempeñado. En las ya planteadas, los trabajadores conservan entre el 80% y el 90% del salario.
La fecha que se fija el banco para tener las prejubilaciones ejecutadas es el 30 de septiembre, aunque puede ampliarse el plazo hasta el 31 de diciembre.
Mientras, la CIG critica que la dirección no desvele los criterios en los que se basa para hacer cada propuesta de prejubilación. A su juicio, las reducciones de salario son importantes y el sindicato también censura la obligatoriedad de acogerse a la jubilación anticipada a los 63 años.
El documento para el protocolo de fusión recoge el compromiso de la entidad de no aplicar los artículos 51 y 52 y el 40 del Estatuto de los Trabajadores –referidos los primeros a la aplicación de expedientes de regulación de empleo y el último a los traslados forzosos– siempre y cuando exista una línea de buscar acuerdos.
Precisamente, los sindicatos que no firmaron el documento interpretan que estos condicionantes llevan a que no esté garantizado el empleo.
La CIG cree que se condiciona la aplicación o no de los artículos sobre ERE a la propia reestructuración que derive de la unión de las dos entidades.
El plan del Banco Pastor para prejubilar a sus empleados antes de su fusión con el Popular ya encontró el rechazo de los sindicatos. El pasado 25 de enero, medio centenar de delegados de la CIG se manifestaron frente a los servicios centrales de la entidad en A Coruña porque consideran que el proceso de absorción por parte del Popular produce “una liquidación de trabajadores a precio de saldo”.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) admitió a trámite el pasado 18 de noviembre la opa que el Banco Popular presentó una semana antes sobre el 100% del Banco Pastor.
La junta de accionistas del Popular aprobó posteriormente la ampliación de capital de 382 millones de acciones necesaria para acometer la absorción del Pastor, lo que supuso a precios de mercado unos 1.146 millones de euros.
