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sábado | 20 abril | 2024
El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto que establece la gratuidad de las cuentas de pago básicas para colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión, con lo que culmina la regulación de este servicio financiero.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, destacó el objetivo de que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios financieros y afirmó que la medida aprobada es coherente con la política económica del Gobierno, centrada en la estabilidad y disciplina fiscal, las políticas sociales para reducir la desigualdad y una agenda de reformas estructurales a medio o largo plazo.
Asimismo, Calviño afirmó que la inclusión financiera es un factor “clave” desde el punto de vista social y económico. “La desigualdad es un lastre para nuestro crecimiento futuro, tenemos que aprovechar la buena situación económica que vive España para avanzar en las reformas que consoliden un desarrollo sostenible y justo en el futuro”, apostilló Calviño, quien aseguró también que la coyuntura actual de España es “favorable”.
El Gobierno aprobó en diciembre de 2017 un decreto ley con el que transpuso a la legislación española una directiva comunitaria que permitía garantizar el derecho universal de acceso a una cuenta de pago básica que deberían ofrecer todos los proveedores de servicios de pago. Esta cuenta debe garantizar servicios como la domiciliación de recibos, el uso de tarjetas de débito o prepago, las transferencias, los depósitos de fondos y la retirada de efectivo en la entidad o en cajeros.
Condiciones
El 28 de febrero Calviño firmó una orden para establecer sus condiciones, como el máximo de 120 operaciones de pago anuales y de tres euros de comisión al mes. La ministra avanzó entonces la intención del Ejecutivo para que esta cuenta fuese, además, gratis para determinados colectivos vulnerables, por lo que sacó a consulta pública el real decreto que así lo establecía. El Consejo de Ministros aprobó ayer dicho real decreto, que recoge los requisitos para ser considerado dentro de este colectivo vulnerable.
De esta manera, se evaluará la renta y el número de miembros de la unidad familiar utilizando el Indicador de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem). Se trata del mismo criterio que el que se utiliza para establecer el acceso a la justicia gratuita.
Asimismo, se ha simplificado la certificación de la situación de vulnerabilidad, ya que bastará con acreditar el número de personas que componen la unidad familiar y el nivel de renta. Se establece también que, ante la imposibilidad de aportar esta documentación, bastará con un informe de los servicios sociales del correspondiente Ayuntamiento.
Las entidades financieras tienen la obligación de informar y ofrecer la apertura de esta cuenta en las condiciones establecidas a las personas que lo soliciten y acrediten su situación.
