10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detectó, en relación con las cuentas de 2016 del Banco Popular, “prácticas irregulares” de altos directivos, entre los que figuran el expresidente Ángel Ron o los exconsejeros delegados Pedro Larena, Roberto Higuera y Francisco Gómez.
En octubre de 2018 la CNMV informó de la apertura de un expediente por una infracción “muy grave” al Popular, a los consejeros ejecutivos, los miembros de su comisión de auditoría y su director financiero, por “aspectos” relativos a las cuentas anuales de 2016, de las que el banco informó en abril de 2017. El informe que justificaba la apertura de ese expediente obra ya en poder del titular del Juzgado central de Instrucción número 4, José Luis Calama, que investiga la liquidación del banco, y entre otras irregularidades se refiere a unos ajustes contables de más de 209 millones de euros que en realidad ascendían a 387 millones.
No reflejaba la imagen real
Esta discrepancia lleva a la CNMV a concluir que “la información financiera consolidada del ejercicio 2016 no representaba la imagen fiel de su situación financiera patrimonial”, por lo que abrió un expediente a “los órganos de administración y alta dirección por haber suministrado a la CNMV información financiera con datos inexactos o no veraces, o de información engañosa o que omite aspectos o datos relevantes”.
La CNMV ve “intencionalidad de determinados altos directivos” en los ajustes por insuficiencia en determinadas provisiones constituidas respecto a riesgos de la cartera crediticia, y considera que la entidad “desglosó unas ratios de capital regulatorio mejores de las reales”, por no haber deducido determinadas financiaciones a clientes.
En concreto, 239 millones de euros que se utilizaron para la adquisición de acciones en la ampliación de capital llevaba a cabo en mayo de 2016.
El expediente sancionador, cuya tramitación está suspendida al haber un proceso penal abierto, no abarca a todo el consejo de administración, sino a “aquellos con responsabilidad sobre los asuntos analizados”: el expresidente Ángel Ron; el exvicepresidente José María Arias Mosquera; los exconsejeros delegados Pedro Larena y Roberto Higuera, y los exconsejeros Francisco Aparicio y Jorge Oroviogoicochea.
Asimismo, la CNMV detectó “la participación activa de determinados miembros de la alta dirección”, como el exdirector financiero Javier Moreno y el exconsejero delegado Francisco Gómez, “en la realización de las prácticas irregulares”.
Reasignación
Moreno fue quien propuso la reasignación de provisiones para cubrir las requeridas por el Banco Central Europeo (BCE), y “tuvo conocimiento o, al menos indicios”, de la financiación de la adquisición de acciones, sin comprobar que dicho importe fuera deducido del capital regulatorio del banco.
Francisco Gómez, por su parte, habría transmitido “instrucciones verbales de manera velada” para que se financiara a los clientes para que acudieran a la ampliación de capital de 2016, según indica el expediente.
En octubre de 2017, el entonces titular del juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.
