El canal de Panamá comienza el año de su centenario atrapado en su más dura encrucijada

La joya de la corona de la economía panameña, el canal de Panamá, está en su más dura encrucijada en el año de su centenario, con la ventaja de contar con la unidad nacional para terminar su ampliación si el consorcio internacional encargado decide abandonar la obra.
“Que se vayan, el canal es nuestro”, afirmó en la Asamblea Nacional el diputado opositor Alcibiades Vásquez, quien recogió el sentimiento nacionalista de las calles panameñas ante el desafío del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), encabezado por la española Sacyr y la italiana Impregilo, de suspender las obras el próximo día 20 si no se reconocen sobrecostes por valor de 1.600 millones de dólares.
Pero, ¿quién se equivoca en un 50% en una licitación? Esa pregunta con cierta sorna flota en el ambiente y quien la hizo debe tener sus argumentos, pues fue el propio administrador del Canal de Panamá, Jorge Quijano.
El conflicto se desencadenó el 30 de diciembre pasado, pero en noviembre ya había comentarios en la prensa local y en 2009, cuando GUPC obtuvo la licitación por casi 3.118 millones de dólares, ya se hablaba que uno de los socios principales, Sacyr, no cumpliría por estar supuestamente muy afectada por la crisis económica europea.
La mediación de la ministra española de Fomento, Ana Pastor, y del presidente panameño, Ricardo Martinelli, bajó las tensiones esta semana y logró que ambas partes, ACP y GUPC, se sentaran a hablar, pero las propuestas para evitar la suspensión de la obra son diametralmente opuestas.
La ACP ofreció el 7 de diciembre 100 millones de dólares de capital fresco, no cobrar por ahora 83 millones que GUPC debe reembolsar por adelantos y que el consorcio aporte otros 100 millones, además de retirar la amenaza de suspensión de obras y otros detalles.
La GUPC, según la que parece la posición de Sacyr, pocas horas después pidió 400 millones de dólares a la ACP y ofreció 100 millones, y que no se le cobren los adelantos hasta el fin del proceso de arbitraje por los otros reclamos de 1.600 millones.
Para empeorar las cosas, el miércoles Impregilo lanzó un misil desde Roma, al pedir 1.000 millones de dólares de nuevo capital para finiquitar el entuerto.
Por su parte, la ACP rechazó las propuestas financieras del consorcio, y afirmó que la suya, que prevé un desembolso conjunto de hasta 283 millones, “es la oferta razonable”.
Aunque Jorge Quijano volvió a expresar que espera que el GUPC sea “juicioso” en sus decisiones y complete la obra, también recalcó que no tendrá “ningún reparo” en asumir lo que queda del proyecto “con algún otro contratista”.