La Comisión Europea dio ayer a España dos meses para simplificar su legislación sobre fusiones y escisiones empresariales y adaptarla a la normativa europea, ya que de lo contrario denunciará el incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Además de España, han recibido una petición similar Italia, Chipre, Rumanía y Eslovenia, que tampoco cumplen de momento con las exigencias comunitarias a pesar de que la fecha límite para modificar la legislación nacional se cumplía el pasado 30 de junio.
Las normas comunitarias sobre fusiones y escisiones van dirigidas a simplificar el proceso de información y publicación de los proyectos empresariales a fin de reducir las cargas administrativas.
En concreto, reduce las obligaciones de las empresas de revelar información, sobre todo cuando sus accionistas acuerden que no es necesaria y cuando se trate de fusiones y escisiones entre sociedades matrices y sus filiales. La normativa de la UE reduce asimismo la duplicación de informes en aquellos casos en que otras normas de la UE también exijan la presentación de información.