jueves 22/10/20

Bruselas no compensará a los afectados por la resolución del Banco Popular

La Junta Única de Resolución (JUR) ha decidido de forma preliminar no compensar a los accionistas y acreedores del Banco Popular afectados por la resolución de la entidad el año pasado porque un informe

La JUR abrió la primera fase del procedimiento para que los afectados por el Popular soliciten “ser escuchados” | aec
La JUR abrió la primera fase del procedimiento para que los afectados por el Popular soliciten “ser escuchados” | aec

La Junta Única de Resolución (JUR) ha decidido de forma preliminar no compensar a los accionistas y acreedores del Banco Popular afectados por la resolución de la entidad el año pasado porque un informe concluye que hubieran sufrido mayores pérdidas si se hubiese seguido un procedimiento nacional de insolvencia.
“La JUR decide de forma preliminar, sobre la base de las conclusiones del informe “Valoración 3”, que no tiene intención de pagar una compensación a antiguos accionistas y acreedores del Banco Popular afectados por la decisión de resolución”, explicó la institución europea.

Alegaciones
No obstante, antes de que la entidad presidida por la alemana Elke Konig tome una decisión formal, debe completarse al procedimiento que ha abierto para que los afectados por la operación presenten sus comentarios y alegaciones.
La decisión de la JUR se fundamenta en la conclusiones del informe elaborado por Deloitte que debía determinar si los accionistas y acreedores del Popular hubieran recibido un mejor trato en el caso en que se hubiera liquidado la entidad siguiendo el procedimiento nacional de insolvencia en lugar del procedimiento a nivel europeo.
De acuerdo con ese informe, las pérdidas para los acreedores del banco habrían sido mucho mayores con la liquidación ordinaria y, en todos los escenarios, los afectados por la resolución habrían perdido también el 100% de sus derechos.
En concreto, Deloitte calcula que, dependiendo del escenario, las pérdidas para los acreedores habrían sido en el mejor de los casos de 23.400 millones de euros y en el peor, de 34.100 millones, frente a los 11.400 millones que perdieron con la resolución.
En un escenario a 18 meses, como el que refleja la ley concursal española, Deloitte estima que las pérdidas totales para los acreedores habrían sido de 28.200 millones en el mejor escenario y de 34.100 millones en el peor.
Esto supondría que los acreedores de renta variable y subordinados (incluidos los accionistas y acreedores afectados) habrían sufrido pérdidas equivalentes al 100% (20.200 millones de euros en total) y, además los acreedores no asegurados, que no estuvieron afectados por la resolución, habrían perdido entre 8.000 y 14.000 millones (entre el 33% y el 54% de sus derechos).
En un escenario con un período de liquidación a tres años, las pérdidas para los acreedores habrían ascendido a entre 26.000 y 31.600 millones, con pérdidas del 100% para la renta variable y subordinada y de entre el 24% y 44% para los acreedores no asegurados (entre 5.800 y 11.500 millones en el mejor y peor caso, respectivamente). Por último, con una liquidación en siete años, el escenario más benévolo, las pérdidas habrían estado entre 23.400 y 28.700 millones, con pérdidas totales para la renta variable y subordinada y de entre el 13% y 33% para los acreedores no asegurados (entre 3.300 millones y 8.500 millones, respectivamente).
La JUR abrió ayer la primera fase del procedimiento para que antiguos accionistas y acreedores afectados por la resolución del Popular soliciten “ser escuchados”. Esta fase se extenderá hasta el 14 de septiembre a las 12.00 horas, y en este tiempo los afectados por la resolución podrán registrarse con el objetivo de demostrar su elegibilidad. l

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