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viernes | 19 abril | 2024
Así lo indica la entidad financiera en un comunicado en el que afirma, en relación con el anuncio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de que iba a retirar sus fondos de Bankia ante el inminente desahucio de una vecina, que el alcalde José Manuel Bermúdez no ha invitado "en ningún momento" a Bankia a formar parte del protocolo antidesahucios puesto en marcha por el consistorio.
Agrega, en relación con el desahucio de Carmen Omaña, ciudadana de Santa Cruz que emprendió una huelga de hambre por este motivo, que Bankia llevaba negociando desde hace cuatro años diferentes soluciones para esta clienta antes de que el juez decidiese el lanzamiento de su vivienda.
Todas las soluciones dispuestas por Bankia han sido rechazadas hasta ahora, asegura.
Añade que el 26 de abril, dos meses antes de que el alcalde enviara una carta a una oficina de Bankia para tratar este asunto, la entidad y su cliente ya habían alcanzado un acuerdo, rubricado por Omaña, por el que ella se comprometía a abandonar la vivienda el 30 de junio pasado.
El 22 de junio se recibió una carta en una oficina de Bankia remitida por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, en la que trasladaba una solicitud de la plataforma contra los desahucios y en dicha misiva, Bermúdez expresaba su respeto a las "relaciones jurídicas entre terceros, sujetas al derecho privado", y ponía en conocimiento de Bankia la petición de la plataforma, "por si tuviera a bien valorar la posibilidad de acceder" a su solicitud.
Bankia dio acuse de la misma, pese a llevar desde mucho antes negociando con la clienta afectada, asegura.
Si la entidad no contestó es porque tiene un deber inexcusable de salvaguardar ante cualquiera -salvo las autoridades a las que la ley permite conocer estos datos, entre las que no están los ayuntamientos- la información relacionada con sus clientes, indica Banka, que reitera que llevaba negociando desde hace años con esta clienta, del mismo modo que hace con cualquier otro que atraviesa dificultades.
Asevera también Bankia que mantiene una posición de no negociar con colectivos ni grupos de personas para afrontar estos asuntos y que la relación se canaliza cliente a cliente.
En la mayoría de los casos se encuentran soluciones satisfactorias para ambas partes y si ahora se ha aceptado la participación del alcalde es porque el Ayuntamiento se ha mostrado dispuesto a aportar fondos para ayudar a la clienta a hacer frente a su renta de alquiler, afirma.
