El Banco de España respalda la gestión de la cúpula del Pastor frente a la querella contra ellos

El expresidente del consejo de administración del Banco Pastor José María Arias Mosquera y el que fuera consejero delegado Jorge Gost Gijón fueron imputados por presuntos delitos de administración fraudulenta, societario, un delito de falsedad en documento mercantil y otro de estafa.
La querella, que finalmente fue aceptada ayer, dio varias vueltas ya que se presentó inicialmente ante la Audiencia Nacional que la desestimó y, posteriormente, se llevó ante el Banco de España cuyos servicios jurídicos, en 2011, señalaron en un informe, según fuentes conocedoras, como conclusión que “de todo lo expuesto y de examinar la documentación aportada al juzgado (la Audiencia Nacional) no se puede concluir que existan irregularidades imputables a los administradores del Banco Pastor que impliquen la realización de ningún tipo de manipulaciones contables dirigidas a ocultar la verdadera situación patrimonial de la entidad”.
El juzgado de instrucción número 3 de A Coruña que lleva el caso citó hoy a ambos directivos para prestar declaración y responder a la querella criminal interpuesta por un pequeño accionista, informó el bufete que lo representa.

informes contrarios
Los hechos que se citan en la demanda se remontan a los ejercicios 2008, 2009 y 2010, los tres años anteriores a que el Banco de España emitiese su informe. Pese a la opinión contraria del supervisor del sistema bancario español el querellante considera que durante esos tres años “las cuentas de la sociedad eran falseadas mediante una trama financiera articulada con sociedades de las que el propio Banco Pastor era propietario”, agregan las mismas fuentes.
“La operativa diseñada permitía dar apariencia de solvencia a un banco que estaba en quiebra legal y en esa situación se dirigía al mercado de valores y lanzaba preferentes y acciones para ser suscritas las emisiones por pequeños clientes minoristas”, afirma el demandante.
La querella, acompañada de dos informes económicos, que contradicen al del Banco de España, relata cómo el Banco Pastor inició la actividad de “Promotor Inmobiliario” mediante la constitución de sociedades con ese objeto social, “que realizaron cuantiosas inversiones a crédito del propio Banco Pastor y obtenían pérdidas continuadas de más de 200 millones de euros, derivadas de no ingresar dinero con su actividad y tener que responder de unos intereses de los créditos hipotecarios otorgados por su propio dueño”.
Los abogados del querellante sostienen que si el Banco Pastor hubiera contabilizado en su balance la pérdida generada por el crédito hipotecario fallido mediante la pertinente dotación estaría en “quiebra legal”.
La acusación asegura que se  orquestó “todo un artilugio fraudulento” por el que “la captación y contabilización de tesorería obtenida mediante engaño en sus oficinas a costa de inversores minoristas y en el mercado, y contabilizada como financiación propia en sus balances, era dirigida como crédito participativo o capital a las sociedades inmobiliarias fallidas”.