11º-23º
sábado | 20 abril | 2024
La Audiencia Nacional archivó ayer una querella que interpuso el pasado junio la Confederación Intersindical Galega (CIG) contra exdirectivos de Caixa Galicia, Caixanova y Novacaixagalicia por la emisión de participaciones preferentes.
En un auto, la sección cuarta de la sala de lo penal confirma así la decisión del juez Santiago Pedraz de sobreseer las actuaciones al considerar a este tribunal no competente para investigar a los exdirectores generales de las entidades y las personas que integraban la comisión delegada de los consejos de administración de las cajas desde 2003.
Los magistrados sostienen así los mismos argumentos que ya esgrimieron con una denuncia previa por los mismos hechos interpuesta por el sindicato: “la respuesta sigue siendo la misma: la falta de competencia de este órgano judicial para tramitar la querella, dado que no reúne los requisitos establecidos en el artículo 65 de la LOPJ”, aseguran.
Según la legislación, la Audiencia Nacional es competente para conocer aquellos hechos que “puedan producir grave repercusión en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia”.
La CIG reclamaba “justicia” en su querella ante “la complicidad de los gobiernos centrales y autonómicos y de los organismos supervisores y de control”, entre los que citaba al Banco de España y el FROB.
El sindicato señalaba que 79 personas, entre ellos los ex directores generales de Caixa Galicia y Caixanova, José Luis Méndez y José Luis Pego, respectivamente, y los entonces presidentes Mauro Varela y Julio Fernández Gayoso, habían ideado “un plan de captación fraudulenta de ahorro del público minorista, con objeto de financiar sus entidades, en situación financiera deficitaria”.
Por ello los acusaba de delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, estafa de inversores, falsedad de cuentas anuales, administración fraudulenta y desleal, abuso de información privilegiada y maquinación para alterar el precio de las cosas.
La CIG ya había presentado en su día junto al sindicato vasco ELA una querella contra los gobiernos y el Banco de España que fue archivada. Además, en 2011 denunció ante la Fiscalía General del Estado –que dio traslado a Anticorrupción– a los exdirectivos de Novacaixagalicia. Anticorrupción presentó luego una querella por el cobro de indemnizaciones multimillonarias.
