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sábado | 20 abril | 2024
La Audiencia Nacional ha eximido al Banco de España de cualquier responsabilidad en la quiebra y liquidación del Banco Popular, por la que sus acciones fueron amortizadas a valor cero, al entender que era el Banco Central Europeo (BCE) el encargado de su supervisión.
El 7 de junio de 2017, a instancias de la Junta Única de Resolución (JUR), el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) liquidó el Banco Popular, amortizó el valor de sus acciones a cero y lo vendió al Santander al precio de un euro.
Apenas un mes después, la empresa La Guirigaña, dedicada a la compraventa de inmuebles, reclamó al Banco de España 118.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial, y presentó un recurso contra la resolución del FROB. En septiembre de ese año, el Banco de España rechazó la reclamación por carecer el Banco de España de competencias en materia de supervisión y resolución preventiva, y la empresa presentó otro recurso, esta vez ante la Audiencia Nacional.
La sala de lo contencioso ha rechazado ahora este recurso al entender que debe haber un hecho imputable al Banco de España para poder pedirle responsabilidad patrimonial, lo que no es el caso, pues los hechos imputados en la reclamación son ajenos a su competencia.
En la sentencia se recuerda que tras la entrada en funcionamiento del Mecanismo Único de Supervisión europeo (MUS) el 4 de noviembre de 2014, la competencia supervisora de las denominadas “entidades significativas”, entre las que se encuentra el Banco Popular, corresponde en exclusiva al BCE.
Por otro lado, el banquero italiano Andrea Orcel reclama al Santander una indemnización de hasta 100 millones de euros por no haberle nombrado consejero delegado del grupo o que cumpla con lo acordado.
A finales de septiembre pasado, el banco anunció que Orcel, ejecutivo de UBS y banquero de confianza de la familia Botín, sería en 2019 el consejero delegado del Santander. Sin embargo, Orcel acumulaba un bonus diferido equivalente a siete años de su millonario sueldo en UBS, un dato que el Santander conocía desde el principio de la negociación y que a priori no parecía un escollo.
El banquero había trasladado al Santander la idea de que el bonus se lo pagaría UBS y, si no lo hacía íntegramente, el banco español estaba dispuesto a asumir una parte. La sorpresa llegó a finales de 2018, cuando UBS aclaró que no abonaría ni un euro del bonus de Orcel con el pretexto de que se iba a la competencia.
Orcel no estaba dispuesto a renunciar a ese dinero, por lo que el Banco Santander tendría que hacer frente a un abono que rondaba los 55 millones para formalizar el fichaje del italiano. El Santander consideró que ese precio era “inaceptable” y renunció a nombrar a Orcel consejero delegado.
