La Audiencia Nacional comienza a recibir denuncias por la quiebra de Banco Popular

Dos despachos de abogados han emprendido ya las primeras acciones judiciales en la Audiencia Nacional contra el último consejo de administración de Popular por la quiebra de esta entidad y su posterior adquisición por Banco Santander por el simbólico precio de un euro. Además, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) anunció que la próxima semana también presentará una querella en este sentido.
Por un lado, Durán y Durán Abogados presentaron ayer una denuncia que pide al Juzgado Central de Instrucción de guardia, que esta semana es el número 2, que dirige Ismael Moreno, que dirija su investigación contra el ya expresidente de Banco Popular Emilio Saracho.

Sospechoso
El despacho de abogados destaca en su denuncia la vinculación de Saracho, antes de incorporarse a Banco Popular este año, con Banco Santander, donde fue director general adjunto, y con la empresa financiera JP Morgan, la misma, según asegura, a la que el consejo de administración que presidía Saracho encomendó la venta del banco, algo que considera “sospechoso”.
En este sentido, la denuncia recuerda que, según informaciones aparecidas en su momento en los medios de comunicación, por la salida de JP Morgan Saracho recibió una indemnización de “no menos de 86 millones de euros”. Por tanto, “sorprende que en este contexto de conflicto de intereses evidente el presidente de un banco en la situación en que se encontraba Banco Popular encomiende a la sociedad para la que llevaba más de 25 años trabajando el sondeo del mercado para venderlo y que acordase con JP Morgan el pago de 20 millones de euros más una comisión del 1%”.
Según explica la denuncia, el día que Saracho fue nombrado presidente de Banco Popular, la entidad tenía una valoración bursátil de 5.000 millones de euros y él siempre sostuvo que el banco era “solvente y cumplía con los requisitos”. “Pese a ser plenamente consciente de la situación financiera de Banco Popular, el presidente no cumplió con las obligaciones que le incumbían legal y estatutariamente, llevando la compañía a la intervención e incumpliendo absolutamente con el deber de información a los propietarios del banco, es decir, a los accionistas”, señala. 
Por otro lado, la comisión tercera, de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Galicia aprobó ayer una proposición no de ley del BNG por la que este órgano legislativo insta a la Xunta a elaborar un informe “exhaustivo” sobre las consecuencias del proceso de reestructuración bancaria en Galicia.
En el texto de la iniciativa de la formación nacionalista se recoge que este informe haga hincapié en el estado de concentración del mercado financiero y los posibles efectos que esto pueda tener sobre los usuarios.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, comparecerá a las 17.00 horas del próximo lunes en la comisión de Economía del Congreso para informar sobre el proceso de venta de Banco Popular a Banco Santander. De Guindos comparece a petición propia. l