10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
El abogado laboral que asesoró en la elaboración de los contratos de las prejubilaciones millonarias de la cúpula de Novacaixagalicia (NCG) dfendió ayer la legalidad de los mismos, y añadió que si llega a ser condenado por estos hechos, “que baje Dios y lo vea”.
Así se expresó el asesor externo de Caixanova Ricardo Pradas, durante la primera sesión del juicio celebrado contra él y el ex director general de la entidad José Luis Pego; el ex director general adjunto ejecutivo Javier García de Paredes; el antiguo responsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán y uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada.
Durante más de tres horas de interrogatorio, que continuará hoy con las preguntas de su defensa, insistió a la fiscal Anticorrupción en que su única competencia era revisar las cláusulas de los borradores de los contratos y ofrecer asesoramiento.
“Siempre he actuado con pulcritud jurídica e ir más allá es buscarle tres patas al gato”, ha enfatizado.
Pradas precisó que en el caso concreto de los contratos antiguos de los exdirectivos acusados contemplaban un reconocimiento específico de que pudieran prejubilarse si concurría una causa extintiva por la que la entidad modificaba su naturaleza jurídica, un cambio que en este caso fue “de libro”.
Y ello sin necesidad de un tiempo mínimo de prestación de servicios ni de haber alcanzado los 55 años de edad.
También explicó que las prejubilaciones se podían cobrar como renta mensualmente o capitalizándolas, como hicieron los cuatro exdirectivos además de Ángel López Corona, que fraccionó sus 2,2 millones en tres pagos, aunque él no está acusado.
Por ello, consideró legal que pudieran desistir, puesto que entre los exdirectivos existía la “incertidumbre” e “inquietud” por el “futuro que iba a depararles” el nuevo banco, aunque insistió en que sus contratos no fueron mejorados, sino que incluyeron adaptaciones con motivo de la fusión que integró a Caixanova y Caixagalicia en NCG.
Además, reiteró que no fueron indemnizaciones, sino liquidaciones por prejubilación, que “no son una cláusula de blindaje”.
La Fiscalía y NCG Banco reclaman tres años de prisión para cada uno por apropiación indebida y administración desleal y, alternativamente, por estafa, y que devuelvan las cantidades “ilícitamente” percibidas, que ascienden a 18,9 millones, de los que 7,7 millones correspondían a Pego; 5,6 millones a García de Paredes; 4,8 millones a Gorriarán, y 691.261 euros a Rodríguez Estrada.
Novacaixagalicia empezó su andadura el 1 de diciembre de 2010 después de recibir del FROB una primera inyección de 1.162 millones de euros.
Según Anticorrupción, los tres exdirectivos acordaron “movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, introducir diversas mejoras económicas en sus contratos de alta dirección” que les garantizara “una cuantiosa liquidación y rentas vitalicias”.
