Anticorrupción pide citar otra vez a Rodrigo Rato por nuevos delitos

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Antonio Serrano-Arnal, que investiga la causa sobre el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, que vuelva a citarle en calidad de investigado por la posible comisión de delito de cohecho y malversación de caudales públicos.

Se basa en nuevos hechos que pone de manifiesto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe aportado al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, y que concluye que el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) blanqueó dinero mientras ostentaba este cargo.

Anticorrupción argumentó su solicitud en un escrito presentado el pasado día 18 ante el juzgado de Madrid en el que le atribuye la comisión de estos nuevos delitos además del de blanqueo y contra la Hacienda Pública.

Quinta ocasión
De aceptar la petición, se trataría de la quinta vez que comparece Rato ante el magistrado instructor de la causa. En la última ocasión, el exministro defendió la contratación de su excuñado Santiago Alarcó por parte de Caja Madrid y rechazó irregularidades en esta gestión.

Rato, que tiene abiertas más de una decena de piezas en el marco de la investigación sobre el origen de su fortuna, habría defraudado cuotas por un importe total de 6,8 millones de euros, según expuso la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en un informe adherido a la causa y que recoge que las rentas no declaradas apreciables en transferencias bancarias internacionales ascienden a un importe superior a los 7 millones de euros.

La defensa del exministro ha pedido en los últimos meses el archivo de prácticamente todas investigaciones, recientemente la de sus conferencias negociadas con Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC), y la relativa a las contrataciones de Lazard; esta última sobreseída la pasada semana por la Audiencia Provincial de Madrid al considerar “una coincidencia” los pagos a Rato y las contrataciones realizadas por Bankia, entidad que presidió entre 2010 y 2012.

La causa recoge que el exbanquero facturó a través de la empresa de publicidad Cor Comunicación 31,2 millones de euros entre 2004 y 2007, años en los que estuvo al frente del FMI.