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viernes | 19 abril | 2024
La Junta de Andalucía ha abierto expedientes sancionadores a ocho entidades financieras porque no han puesto a disposición de los registros municipales de demandantes de viviendas las VPO (viviendas de protección oficial) que tenían en sus balances, ha anunciado hoy la consejera de Fomento y Vivienda andaluza, Elena Cortés.
El no haber proporcionado esta información a los correspondientes registros municipales sobre las VPO desocupadas supone una falta muy grave, que puede acarrear sanciones que van de 30.000 a 120.000 euros.
Elena Cortés, antes de comparecer en una comisión del Parlamento andaluz, ha dicho a los periodistas que los expedientes obedecen al "cumplimiento de la ley que permite que las VPO sean utilizadas como viviendas habituales y permanentes".
Los expedientes sancionadores han sido abiertos en aplicación de la Ley de VPO con las modificaciones que introdujo la ley andaluza de Función Social de la Vivienda, que da un plazo a las entidades financieras para comunicar a los registros municipales el número de viviendas de protección oficial desocupadas que poseen.
En este caso han sido un total de 185 viviendas de VPO las que tienen estas ocho entidades financieras, según han informado a Efe fuentes de la Consejería de Fomento.
