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miércoles | 24 abril | 2024
Alu Ibérica, como se rebautizó las antiguas plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés tras su compra por Parter Capital, alertó ayer de que el coste eléctrico que resulta del borrador de estatuto de Electrointensivos presentado por el Gobierno “haría imposible” que pueda producir aluminio primario en España y pone en riesgo a los más de 320 empleados de esas líneas en ambas plantas.
En concreto, estima que la propuesta del estatuto sitúa el precio eléctrico entre 45 y 49 euros por megavatio hora (MWh), “manteniendo un altísimo diferencial” con lo que pagan los competidores alemanes, que producen a 32 euros por MWh.
Reiniciar la producción
Así, considera que la producción de aluminio primario necesita un precio estable por debajo de 35 euros por MWh, nivel que permitiría reiniciar en nueve meses la producción de aluminio primario en las plantas de A Coruña y Avilés y salvaguardar los empleos.
En un comunicado, el grupo señala que, tal y como se comprometió, está preparado a la espera de poder reiniciar, en nueve meses, las líneas de producción de aluminio primario –paradas hace un año por Alcoa– en las plantas de A Coruña y Avilés, pero para ello afirma que es necesario “que se cumpla la condición previa de contar con precios eléctricos estables, predecibles y competitivos, sin los cuales no sería viable reiniciar la fabricación”.
De esta manera, el grupo, que aprobó un plan de inversión por 20 millones de euros para la implementación de tecnologías de ahorro de energía y CO2 y mejoras en los dos centros industriales, advierte de que el actual borrador de estatuto no garantiza un precio eléctrico que le permita producir aluminio primario, por lo que “no sería suficiente para salvaguardar los empleos de los trabajadores de series de electrolisis en ambas plantas” (168 empleados en A Coruña y
155 en Avilés).
Incumplimiento
El grupo subraya que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, durante la fase final del proceso de adquisición de las plantas en A Coruña y Avilés, en junio del año pasado, confirmó sus expectativas de que con la nueva regulación de costes de energía destinada a las industrias electrointensivas se reducirían entre 12 y 15 euros por MWh los costes eléctricos existentes en aquel momento, que eran aproximadamente de unos 50 euros por MWh, “lo que supuso un argumento importante para las partes interesadas –comprador, vendedor, sindicatos e instituciones autonómicas de la Xunta y del Gobierno del Principado de Asturias–, a la hora de acordar la transacción”.
Mientras, el presidente del Principado de Asturias, el socialista, Adrián Barbón, anunció ayer que está manteniendo conversaciones con su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo (PP), para presentar las alegaciones al estatuto electrointensivo.
Durante la sesión plenaria de ayer, y tras ser preguntado por la portavoz del PP Teresa Mallada sobre cómo va a afectar este estatuto, Barbón aseguró que está “trabajando” junto a la Xunta, “compartiendo información” para que las alegaciones sean positivas para ambos territorios.
El estatuto, insistió Barbón, es “un paso adelante” que “aporta seguridad jurídica”, aunque es necesario “complementarlo” a través de unas alegaciones que correspondan a los intereses de la industria electrointensiva.
Por su parte la CIG presentará hoy sus alegaciones al proyecto en demanda de una tarifa eléctrica “estable”, informó. Además, aunció que también continuará con el calendario de movilizaciones, con una concentración, a las 17.30 horas, delante de la fábrica de Ferroatlántica en Sabón.
El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, sostuvo que el proyecto presentado por el Gobierno “continúa sin establecer la estructura para una tarifa que ayude a revertir la crisis del sector.
