Las actuaciones contra el fraude laboral hicieron aflorar más de 11.300 millones desde 2012

La lucha contra el fraude laboral y el empleo irregular ha hecho aflorar 11.343 millones de euros entre 2012 y 2014, según dijo ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Las actuaciones realizadas en el citado trienio han hecho aflorar también 252.000 empleos y han servido para descubrir más de 103.000 altas ficticias (altas a la Seguridad Social que no correspondían a un verdadero contrato de trabajo).
El Consejo de Ministros analizó el anteproyecto de ley de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que persigue modernizar el mercado de trabajo, garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y generar nuevas dinámicas en la lucha contra la siniestralidad laboral y en garantía de la seguridad en el trabajo. En este sentido, Sáenz de Santamaría anunció que la norma prevé la creación de un nuevo grupo de funcionarios, a escala de subinspectores, de seguridad y salud laboral.
“Junto a lucha contra fraude, se busca mejorar la seguridad y salud en trabajo”, dijo la vicepresidenta, y para ello aumentarán los recursos y la especialización destinados a la prevención de riesgos laborales y lucha contra la siniestralidad. Este anteproyecto de ley prevé también la creación de una nueva oficina nacional de lucha contra el fraude que se dedicará a su detección, la programación y ejecución de actuaciones inspectoras y la evaluación de resultados.
Esta oficina dependerá de la inspección de trabajo, que será constituida como un organismo autónomo de nueva creación adscrito al Ministerio de Empleo y que dará servicios a las comunidades y la Administración del Estado.
En este organismo, se da mayor participación en la definición del funcionamiento y de los objetivos a las comunidades, que estarán representadas en su consejo rector, y a los agentes sociales.
Por su parte, UGT y CCOO valoraron el anteproyecto de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si bien consideraron que “quedan aún aspectos importantes que deben ser corregidos” en el marco del diálogo social durante su próxima tramitación como proyecto de ley.
Señalaron que este anteproyecto obedece a la necesidad de adoptar un modelo que se adecúe a los cambios y que permita hacer compatible las competencias autonómicas con los principios básicos que deben sustentar el sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Los sindicatos indicaron que durante la elaboración del anteproyecto se han mejorado los distintos borradores, perfilando mejor aspectos relacionados con las funciones de los cuerpos que la integran.